Por revistaeyn.com
Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Panamá han expresado su rechazo a la gestión del presidente Laurentino Cortizo respecto al cierre y restauración de la mina de Donoso.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., subsidiaria de First Quantum Minerals Ltd., el 27 de noviembre de 2023, y desde entonces, consideran que el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales.
Asimismo, rechazan la narrativa pública que sugiere reabrir la mina para financiar su cierre, una acción que infringiría la Ley 407 de 2023 que impone una moratoria indefinida a la minería metálica en Panamá.
"Esta reapertura violaría el fallo de la Corte Suprema y pondría en peligro el estado de Derecho y la seguridad jurídica del país", dijeron en un comunicado firmado por el Colectivo Bayano, Fundación Panamá Sostenible, Movimiento Vigilia Nueva Soberanía y Fundación Promar, entre otros.
"A la fecha no se han realizado las auditorías ambientales, financieras, sociales y económicas, para determinar las afectaciones sufridas por el país, tampoco se conoce el inventario de activos que establezca la cuantía del patrimonio de la nación de cara a la recuperación y restauración ambiental de los daños perpetrados", agregaron.
Pidieron también que se investiguen actos de negligencia y corrupción por parte de funcionarios públicos en la elaboración y aprobación del contrato con First Quantum. Además, se debe responsabilizar a quienes participaron en estos actos, asegurando transparencia y rendición de cuentas.
