Por revistaeyn.com
El cambio climático ya tiene efectos visibles y significativos en Centroamérica, agudizando problemas estructurales que comprometen las condiciones para el desarrollo humano sostenible, confirma el Informe Estado de la Región del Programa Estado de la Nación.
Entre los principales hallazgos del estudio se destacan que bajo el escenario climático más pesimista analizado en el informe, se proyecta un incremento entre 2 °C y 4 °C en casi todos los municipios de la región hacia finales del siglo.
Se anticipa una reducción del 5 % al 31 %, dependiendo del país, con mayor impacto en el Corredor Seco Centroamericano (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) y las zonas costeras de República Dominicana.
Además, el estudio estima que en los próximos años se tendrá un aumento de las lluvias intensas que provocan inundaciones y deslizamientos, en paralelo con sequías prolongadas, acentuando la vulnerabilidad histórica de la población e infraestructuras de la región en un contexto de desarrollo humano sostenible limitado.· Impactos en sectores clave:
EFECTOS EN DESPLAZAMIENTOS
El aumento del nivel del mar y ciclones más intensos amenazan especialmente a Belice, Honduras, Panamá y el Caribe en general, en donde se estima que 17 de cada 100 habitantes que viven en zonas costeras de baja elevación serían directamente afectadas.
La región ya presenta evidencia de movilidad climática y desplazamientos forzados por desastres, como ha sucedido con cerca de 2,1 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe solo en 2023. Se estima que para 2050, hasta 17 millones de personas podrían verse desplazadas en la región por causas climáticas y ambientales. Es decir, los efectos asociados al cambio climático tienden a agravarse en el tiempo si no se toman medidas de adaptación a profundidad.
A partir de la evidencia recopilada en el Sétimo Informe Estado de la Región, se han delineado escenarios probables. En el caso de El Salvador, se estima que la aridez avanzará progresivamente y, hacia 2099, afectará casi todo el país, comprometiendo la seguridad alimentaria y el acceso al agua.
Ante ese y otros escenarios el informe alerta que, si bien las políticas de adaptación han avanzado, no lo han hecho con la escala, ni con las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de las acciones o reducir los riesgos. El análisis de 269 experiencias de adaptación en los países de Centroamérica y República Dominicana (sin Nicaragua) revela que el 88 % de ellas han contado con participación estatal, aunque casi todas han requerido alianzas estratégicas con el sector privado, sociedad civil, organismos cooperantes, ONG y academia.
Sin embargo, el estudio identifica importantes limitaciones: Alta dependencia de financiamiento internacional, limitada capacidad institucional en algunos territorios y necesidad de una mayor articulación territorial y multisectorial.
Actualmente, el 55 % de las acciones de adaptación en marcha se centran en biodiversidad, conservación y promoción de prácticas agrícolas sostenibles, y el 65 % están alineadas con políticas públicas estatales. Aun así, más de la mitad de las iniciativas que ya han concluido fueron impulsadas por otros actores distintos al Estado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el liderazgo gubernamental para concretar las acciones.
