Por revistaeyn.com
El Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025, realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, expone que el crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo los principales impulsores del lavado de activos y los delitos financieros en Costa Rica; sin embargo, descartan que sea un centro financiero regional ni extraterritorial.
El estudio apunta a ocho sectores comerciales como los más vulnerables a ser usados para este delito, que en la mayoría de ocasiones está conectado a narcotráfico.
“Industrias como la construcción, el sector inmobiliario, la venta de vehículos, el cambio de divisas y la hotelería siguen siendo vulnerables al lavado de activos”, dice el informe.
Además, añade otros negocios como las empresas de juegos de azar y apuestas deportivas legalizadas que operan a gran escala en Costa Rica, así como la minería y el tráfico ilegal de oro.
Estados Unidos pide poner especial atención en Crucitas, Zona Norte, pues a criterio de los investigadores la minería ilegal en esta región representa un riesgo significativo, al igual que otras formas de delitos contra los recursos naturales, como el tráfico de vida silvestre y madera, y la pesca ilegal.
Tras el análisis de los casos reportados el año pasado, se confirma que los aeropuertos y los cruces fronterizos siguen siendo puntos de tránsito para flujos ilícitos de dinero.
“Las autoridades costarricenses incautaron US$1.2 millones en divisas no declaradas entre enero y octubre de 2024, gracias a la colaboración con el Programa Conjunto de Seguridad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, explican.
Una de las críticas que se hace sobre deficiencias legales, políticas y regulaciones en materia de lavado de activos, es que el país no cuenta con una ley específica de extinción de dominio, lo cual ha tenido que cubrirse con otro marco legal bajo la figura de capitales emergencias para poder incautar activos que representan un aumento en el patrimonio de cualquier persona, sin que se haya demostrado una “fuente legítima aparente” que justifique dicho aumento.
“De enero a septiembre de 2024, la Fiscalía General de la República evaluó 51 posibles casos de extinción de dominio emergente, y hasta octubre de 2024, los fiscales estaban investigando en 164 procedimientos. Además, 95 casos de extinción de dominio emergente recibieron resoluciones en 2024, 12 de los cuales resultaron en condenas. De estas condenas, cuatro casos fueron desestimados, mientras que ocho permitieron a las autoridades costarricenses recuperar US$83.8 millones”, amplía el estudio.
Con información de CRHoy
