Por Agencia EFE
La agenda energética de Panamá vuelve a girar en torno al agro con el resurgimiento del bioetanol como una de las apuestas más ambiciosas para diversificar la matriz de combustibles y dinamizar la economía rural. La discusión del Proyecto de Ley 443 en la Asamblea Nacional marca un nuevo intento por introducir de forma obligatoria una mezcla de 10 % de etanol en las gasolinas.
La propuesta busca ir más allá de un cambio técnico en el combustible. Según la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), el plan apunta a reactivar la agroindustria, atraer capital privado y cumplir compromisos ambientales asumidos por el país. Su directora ejecutiva, Cristina Thayer, ha señalado que, aunque la idea de incorporar biocombustibles no es nueva, ahora existe un sustento técnico y económico que antes no estaba plenamente desarrollado.
Uno de los pilares del proyecto es la creación de un marco legal que ofrezca estabilidad a inversionistas y productores. El texto establece reglas claras tanto para la producción local como para la importación de etanol, con un rol estatal centrado en la supervisión y regulación del mercado, similar al que ya ejerce en el sector de los combustibles fósiles.
En términos operativos, la transición hacia la gasolina E10 no implicaría mayores complicaciones. El etanol, ya sea producido en el país o importado, se mezclaría con la gasolina en las terminales existentes, desde donde saldría el combustible listo para su distribución.
El verdadero desafío está en el campo. Panamá cuenta actualmente con unas 22.000 hectáreas sembradas de caña de azúcar, distribuidas alrededor de cuatro ingenios ubicados en Coclé, Veraguas y Chiriquí. Para abastecer la futura demanda de etanol, el sector calcula que será necesario duplicar esa superficie, lo que obligará a incorporar a más productores independientes y a extender el período de zafra más allá de los tres meses actuales.
INVERSIONES NECESARIAS
El impacto económico proyectado es considerable. Azucalpa estima que el programa podría movilizar entre US$390 y US$450 millones en inversiones privadas, destinadas a ampliar destilerías, modernizar ingenios y aumentar la producción agrícola.
A ello se suma la creación de más de 30.000 empleos directos e indirectos, principalmente en zonas rurales, así como un flujo anual de hasta US$120 millones hacia las economías locales.
Desde la óptica ambiental, el uso de etanol permitiría reducir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer un modelo de economía circular en el que cada componente de la caña tiene un aprovechamiento. El bagazo, por ejemplo, se utiliza para generar electricidad, con un potencial de cogeneración que podría superar los 100 megavatios durante la zafra.
El proyecto entra ahora en una fase decisiva. Con conversatorios técnicos y debates legislativos en agenda, el sector confía en que la iniciativa logre el respaldo político y social necesario para convertir al bioetanol en un nuevo motor de desarrollo para Panamá.
Con información de La Estrella de Panamá
