Por revistaeyn.com
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John M. Barrett, emitió ayer una advertencia pública en la red social X afirmando que autoridades universitarias “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes” durante el proceso de selección de candidatos para integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Barrett sostuvo que esas autoridades priorizaron intereses personales por encima del bienestar del país, lo que —a su juicio— compromete la legitimidad y la transparencia del proceso mediante el cual se definirá a los magistrados que supervisarán las elecciones generales de 2027.
Según la Embajada, varios aspirantes señalados por Washington como “no idóneos” —por presuntas conexiones o antecedentes cuestionados— terminaron incluidos en la nómina final que será remitida al Congreso para su elección definitiva. Para EE.UU., esto evidencia fallas graves en los filtros de selección que deberían blindar al árbitro electoral.
En paralelo, el Consejo Permanente de la OEA abordó preocupaciones crecientes por la estabilidad democrática y el respeto al orden constitucional en Guatemala.
El Gobierno, representado por el canciller Carlos Ramiro Martínez, denunció “los embates de un grupo de individuos corruptos” que buscan mantener privilegios y obstaculizar procesos constitucionales clave.
La OEA subrayó que el uso instrumental del sistema de justicia en momentos críticos de nombramientos constitucionales erosiona la confianza pública, compromete la independencia judicial y debilita el Estado de derecho. El organismo urgió a que los procesos electorales y de designación se desarrollen sin interferencias indebidas.
En este contexto, la magistrada titular electa de la Corte de Constitucionalidad (CC), Astrid Lemus, denunció intentos para frenar la renovación e integración constitucional del órgano encargado de velar por la supremacía de la Carta Magna, describiendo acciones intimidatorias y falta de justificación legal clara.
Ambos pronunciamientos, aunque referidos a procesos distintos —la integración del TSE y la renovación de la CC—, apuntan a un mismo riesgo: la interferencia o captura indebida de instituciones clave del sistema democrático.
Por qué este momento es clave
Guatemala atraviesa una etapa crítica en la que se realizan designaciones determinantes para el equilibrio de poderes y la credibilidad electoral, mientras enfrenta presiones internas en un contexto históricamente marcado por la influencia del crimen organizado y redes de corrupción.
Durante décadas, el país ha lidiado con desafíos persistentes a la independencia judicial y electoral que han erosionado la confianza ciudadana. Además, Guatemala ha sido un país estratégico en rutas del narcotráfico y crimen transnacional, lo que explica en parte la atención y preocupación de socios internacionales como Estados Unidos, que han respaldado la cooperación policial y judicial en la región.
Implicaciones más amplias
Si las denuncias sobre posible influencia de estructuras criminales en la integración del TSE se confirman, podría debilitarse la credibilidad del ciclo electoral de 2027, tanto a nivel nacional como internacional.
La atención de la OEA sobre la renovación de la CC y las advertencias de la magistrada Lemus visibilizan una disputa por el control de uno de los pilares del sistema constitucional, con efectos directos en el balance de poderes y en la resolución de controversias legales.
La advertencia explícita de EE.UU. marca además un momento delicado en la relación bilateral, al dejar claro que la transparencia y la idoneidad en la designación de autoridades serán factores centrales para evaluar la salud democrática del país.
