Por revistaeyn.com
La inseguridad ciudadana escaló posiciones entre los principales obstáculos para competir en los mercados, según la más reciente edición de la Encuesta de Perspectivas Empresariales, elaborada por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Un 51,4% de las empresas señaló que este factor afecta negativamente su competitividad, lo que representa un aumento de 7,8 puntos porcentuales con respecto a 2024 y la ubica como el sexto obstáculo más mencionado.
La percepción general sobre la situación de seguridad del país es negativa: 7 de cada 10 empresas califican a Costa Rica como “insegura” o “muy insegura”, y solo un 7,2% considera que se trata de un país seguro. Esta visión es más crítica en el Régimen Definitivo, donde un 45,8% califica al país como muy inseguro, frente a un 25% en Zonas Francas.
En la encuesta se profundizó por el tipo de incidentes sufridos, relacionados con la inseguridad, en el último año. El robo en instalaciones fue el más mencionado (18,9%) de la empresas encuestadas, con una diferencia notable entre regímenes: se presenta en un 21,7,% de empresas del Régimen Definitivo, frente a un 10,7% en Zonas Francas.
Este tipo de afectación es seguido por los ciberataques (16,2 % del total de empresas), con mayor presencia en Zonas Francas (17,9 %) que en el Régimen Definitivo (15,7 %).
En cuanto al tamaño, el robo en instalaciones es el factor negativo más mencionado por las empresas grandes del Régimen Definitivo (33,3 %), versus a un 11,4 % en las pequeñas. Este patrón se repite en torno a los ciberataques: 22,7 % en las grandes versus 8,6 % en las pequeñas.
“Los resultados reflejan consecuencias que impactan directamente a las empresas y a sus colaboradores, y muestran con claridad que la inseguridad ya no es solo un tema de preocupación social, sino que empieza a afectar directamente la operación, la logística, el acceso al talento y los costos de las empresas. Esto tiene un efecto negativo sobre la competitividad”, señaló Sergio Capón, presidente de la CICR.
Un 48,6 % de las empresas encuestadas indicaron conocer sobre colaboradores que han sido afectados, principalmente por asaltos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo.
Con respecto a las consecuencias, un 64,5 % de las empresas afectadas reporta aumento en inversiones y en los gastos de seguridad en instalaciones; un 61,3 % aumentó sus inversiones en ciberseguridad; y un 9,7 % ha postergado o cancelado planes de inversión por motivos vinculados a la inseguridad. Además, 1 de cada 10 empresas están reportando la postergación o reducción de planes de expansión en el país debido a la inseguridad.
El aumento en los gastos e inversiones en seguridad de las instalaciones refleja disparidad. En el Régimen Definitivo, el 71 % de las empresas reportó dicho aumento, mientras que en Zonas Francas el porcentaje fue de 48,1 %. Por su parte, en el rubro de aumento de inversiones y gastos en ciberseguridad la tendencia se invierte: el 70,4 % de las empresas en Zona Franca incrementó su inversión en esta área, frente al 57,6 % en el Régimen Definitivo.
Por tamaño, el aumento en los gastos de seguridad en instalaciones físicas se presenta mayoritariamente en las empresas medianas (93,3 %) y pequeñas (66,7 %) del Régimen Definitivo. En contraste, el aumento en inversiones y gastos en ciberseguridad se presenta más en las empresas de Zonas Francas (70,4 %) y en las grandes del Régimen Definitivo (75 %).
“Los resultados de la encuesta evidencian que la inseguridad no solo afecta a las empresas, sino también a las personas trabajadoras, poniendo en riesgo su bienestar, el de sus familias y la estabilidad del entorno laboral. Esta problemática está generando costos adicionales, impactando el talento humano y comenzando a frenar nuevas inversiones”, concluyó Sergio Capón.
