Por revistaeyn.com
El sistema de pensiones salvadoreño enfrenta, según un estudio elaborado por Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), una combinación crítica de problemas: una deuda previsional que se ha disparado desde la entrada en vigencia de la nueva ley, una cobertura reducida de cotizantes respecto a la población afiliada y pensiones que en muchos casos resultan insuficientes para garantizar un retiro digno.
La norma aprobada en diciembre de 2022 elevó la tasa de cotización al 16 % del ingreso base (7,25 % a cargo del trabajador y 8,75 % del empleador) y redefinió la distribución de aportes: 9 % a la cuenta individual, 6 % a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y 1 % como comisión para las AFP.
"Pese a esos ajustes, la nueva ley no ha resuelto las debilidades estructurales que arrastra el sistema", apunta el informe.
Aunque el número de personas afiliadas en El Salvador aumentó de 3.66 millones en diciembre de 2020 a 3.95 millones en abril de 2023, la proporción de afiliados que efectivamente cotizan es baja: apenas alrededor del 23 % en mujeres y 20.8 % en hombres —es decir, la mayoría de quienes figuran como afiliados no aportan de forma regular—, un reflejo del predominio del empleo informal y de salarios bajos.
"Esa debilidad del mercado laboral limita gravemente la formación de fondos suficientes para pagar pensiones futuras", señala el reporte de Latindadd.
La pensión mínima legal em El Salvador se fija en US$304,17 y la ley calcula la pensión a partir de 240 mensualidades (20 años), con un incremento del 30 % sobre la pensión calculada que; sin embargo, puede resultar regresivo porque aumenta proporcionalmente más a quienes ya tienen pensiones mayores; además existe un tope de US$3,000.
"La tasa de remplazo continúa siendo baja, con fuertes riesgos de agotamiento del saldo individual y dependencia de la CGS para garantizar montos mínimos", agregan.
ALIVIO CONTABLE
La deuda de pensiones, convertida en instrumentos emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones, pasó de US$8,397.33 millones en abril de 2023 a US$10,184.07 millones en junio de 2024 —un incremento neto de US$1,787.79 millones en 16 meses—, y el canje de deuda de 2023 implicó plazos largos y una moratoria de cuatro años que desconecta intereses y reinversiones de las cuentas individuales, con efectos negativos sobre la capitalización de los afiliados.
La cartera de pensiones de El Salvador está fuertemente invertida en títulos de renta fija y principalmente en deudas del sector público (las instituciones públicas son los mayores deudores con más de US$10,300 millones), mientras la rentabilidad nominal promedio ponderada rondó el 4,01 % en marzo de 2023, cifras que cuestionan la capacidad del sistema para generar rendimientos suficientes.
El estudio concluye que, sin un debate integral que repiense institucionalidad, cobertura, reglas de inversión y transparencia en el uso de los recursos, el sistema salvadoreño continuará en una senda de incertidumbre y riesgo para las generaciones presentes y futuras.
