Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
Los escenarios de guerra, en el pasado, se definían en perímetros y escenas muy claros. Había ejércitos enfrentados, fronteras vulneradas, declaraciones formales, armas y un campo de batalla visible.
En el escenario geopolítico actual, el conflicto suele comenzar mucho antes de que aparezcan los soldados.
Puede iniciarlo un ciberataque contra una red eléctrica, drones sobre un aeropuerto, una campaña que manipula la conversación pública, la interrupción de un cable submarino, una sanción comercial, una oleada migratoria deliberadamente estimulada o un mapa difundido desde el poder que pone en duda la soberanía de otro país.
Ninguna de esas acciones constituye necesariamente una guerra por sí sola. Tampoco todo acto hostil, provocación diplomática o delito informático debe clasificarse como “guerra híbrida”. El concepto adquiere sentido cuando distintos instrumentos se combinan y coordinan para explotar las vulnerabilidades de un adversario, alterar sus decisiones y alcanzar objetivos estratégicos sin cruzar claramente el umbral que activaría una respuesta militar.
Esa ambigüedad es su principal fortaleza.
La guerra híbrida no elimina la guerra convencional. La rodea, la prepara, la acompaña o, si resulta exitosa, permite evitarla. Su propósito es obligar al adversario a responder en condiciones de incertidumbre: sin saber con certeza quién está detrás de la agresión, si los hechos forman parte de una misma estrategia o qué represalia sería proporcional.
La consecuencia es un mundo en el cual la frontera entre guerra y paz se vuelve más difícil de localizar. Y también un entorno en el que las empresas y la sociedad civil dejan de ser espectadores para convertirse en parte del terreno disputado.
Qué convierte una amenaza en híbrida
La Organización del Tratado del Atlántico Norte define las amenazas híbridas como una combinación de medios militares y no militares, encubiertos y abiertos. Entre ellos incluye la desinformación, los ciberataques, la presión económica, el empleo de grupos armados irregulares y la utilización de fuerzas convencionales.
El Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas añade tres características fundamentales: las acciones están coordinadas; atacan vulnerabilidades sistémicas y explotan los límites de la detección, la atribución y la respuesta.
El objetivo no siempre consiste en ocupar un territorio. Puede ser reducir el margen de decisión de un gobierno, modificar su política exterior, polarizar a su sociedad, desgastar la confianza en las instituciones, aumentar sus costos de seguridad o demostrar que el Estado no puede proteger a sus ciudadanos.
La actuación se desarrolla en lo que los especialistas llaman la “zona gris”: un espacio situado entre la competencia ordinaria entre países y el conflicto armado abierto. Allí operan algunas de las principales tácticas híbridas:
* Ciberataques contra gobiernos, bancos, telecomunicaciones, hospitales, sistemas energéticos y cadenas logísticas.
* Desinformación, propaganda, suplantación de medios y contenidos manipulados para erosionar la confianza pública.
* Presión económica mediante aranceles, sanciones, bloqueos, restricciones a exportaciones o control de recursos estratégicos.
* Sabotaje de infraestructura física, redes eléctricas, gasoductos, cables submarinos, aeropuertos o sistemas satelitales.
* Manipulación de flujos migratorios y crisis humanitarias como instrumentos de presión política.
* Empleo de mercenarios, grupos criminales, hackers o intermediarios que dificultan atribuir la responsabilidad al verdadero patrocinador.
* Incursiones de drones, aeronaves o embarcaciones destinadas a probar defensas y medir la capacidad de reacción del adversario.
La combinación importa más que la herramienta individual. Como advierte un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicado en julio de 2026, no todos los ciberataques forman parte de una campaña híbrida y no toda actividad híbrida incluye un componente cibernético. “Híbrido” siempre supone una combinación de instrumentos, pero no cualquier combinación puede calificarse de híbrida.
Esta distinción evita que el concepto pierda precisión hasta convertirse en sinónimo de cualquier tensión internacional.
Ceuta: cuando las personas se convierten en instrumento de presión
La entrada masiva de migrantes marroquíes registrada en la ciudad española autónoma de Ceuta, el 30 y 31 de julio de 2026, muestra cómo una situación inicialmente presentada como crisis humanitaria puede adquirir una lectura de seguridad nacional.
Una jueza de la Audiencia Nacional española abrió una investigación penal tras detectar indicios de que la llegada de decenas de miles de personas no fue espontánea. El expediente señala una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos y sostiene que miembros de sus fuerzas de seguridad no se habrían limitado a permitir el paso, sino que habrían orientado activamente a quienes intentaban cruzar.
Según la investigación, la operación habría incluido movilización en redes sociales, coordinadores sobre el terreno y distintas oleadas diseñadas para desbordar la capacidad española de controlar la frontera. Un día antes, la Policía había emitido una alerta de “riesgo extremo” sobre posibles entradas coordinadas a nado y mediante saltos a la valla.
La jueza considera que la finalidad migratoria habría operado como cobertura formal de una acción dirigida a colapsar las capacidades de respuesta, vulnerar la soberanía territorial y generar efectos políticos y sociales en España. La tragedia dejó alrededor de 140 muertos, 83 de ellos en aguas españolas.
La instrumentalización de la migración plantea uno de los dilemas más complejos de los conflictos híbridos. Quienes cruzan la frontera continúan siendo personas expuestas a condiciones extremas, no combatientes. Pero el flujo puede ser organizado o tolerado deliberadamente para presionar al país receptor.
La dimensión humanitaria y la dimensión geopolítica no se anulan. Conviven. Y precisamente por eso la respuesta resulta tan difícil: militarizarla puede vulnerar derechos fundamentales, pero tratarla únicamente como un fenómeno migratorio puede ignorar la posible estrategia que la impulsa.
Rusia y la ampliación invisible del frente
Europa representa el laboratorio más visible de esta nueva forma de confrontación.
La invasión de Ucrania es una guerra convencional, pero Rusia despliega simultáneamente tácticas híbridas más allá del territorio ucraniano. Gobiernos europeos la responsabilizan de ciberataques, sabotajes, operaciones de influencia, interferencias contra sistemas de navegación, incendios provocados y acciones sobre infraestructura crítica.
El Parlamento Europeo calcula que los ataques híbridos rusos en Europa se cuadruplicaron entre 2022 y 2023 y volvieron a triplicarse al año siguiente. Entre enero de 2022 y febrero de 2026 se identificaron 152 incidentes físicos atribuidos a actores rusos, desde sabotajes ferroviarios hasta incendios y paquetes con dispositivos de ignición.
Los cables submarinos constituyen un objetivo especialmente sensible. Por ellos circula cerca del 99% del tráfico mundial de datos y su interrupción puede afectar comunicaciones, pagos, logística y operaciones gubernamentales. Embarcaciones aparentemente comerciales o pertenecientes a flotas difíciles de rastrear permiten actuar bajo cobertura civil y conservar un margen de negación.
Los drones amplían todavía más ese espacio de ambigüedad. Alemania responsabilizó a Rusia por un ataque con drones cargados de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig en agosto y anunció un escudo nacional para proteger aeropuertos, estaciones ferroviarias, instalaciones eléctricas y otras infraestructuras críticas.
El proyecto contempla unidades móviles de respuesta, sensores digitales y el uso de inteligencia artificial para detectar amenazas. Pero introduce una novedad reveladora: la defensa ya no recaerá solamente en policías y fuerzas armadas. Empresas de electricidad, agua y defensa podrían recibir facultades para detectar y neutralizar drones.
El frente híbrido se desplaza así hacia instalaciones operadas por compañías privadas. Un aeropuerto, una central eléctrica, una empresa de telecomunicaciones o un centro de datos pueden tener valor estratégico comparable al de una instalación militar.
La tecnología híbrida también llega al crimen organizado
En América Latina, el uso de drones por organizaciones criminales muestra otra dimensión del problema. Estos grupos los emplean para vigilancia, transporte de cargas, ataques con explosivos y control territorial.
No todo ataque ejecutado por una organización criminal constituye una guerra híbrida. Para hablar de ella, normalmente debería existir una estrategia política más amplia, una combinación coordinada de herramientas y un objetivo que exceda el beneficio económico inmediato del delito.
Sin embargo, la difusión de tecnologías de doble uso está borrando las antiguas diferencias entre capacidades estatales y no estatales. Drones comerciales modificados, inteligencia artificial, criptomonedas, sistemas de posicionamiento y herramientas de intrusión informática permiten que grupos relativamente pequeños generen efectos antes reservados a los Estados.
Cuando estos actores controlan territorios, condicionan autoridades, manipulan información y atacan infraestructura pública, la criminalidad comienza a adquirir rasgos propios de una confrontación híbrida. Y si además funcionan como intermediarios o aliados informales de un gobierno, la atribución se vuelve todavía más compleja.
Trump, los aranceles y el poder de los símbolos
La presión económica también forma parte del instrumental híbrido, pero debe analizarse con cautela.
Una disputa arancelaria, incluso agresiva, no equivale automáticamente a una guerra híbrida. Los aranceles pertenecen desde hace décadas a las relaciones comerciales y pueden responder a objetivos fiscales, industriales, electorales o de negociación.
Se aproximan al terreno híbrido cuando se integran a una campaña más amplia que combina coerción económica, amenazas, desinformación, presión diplomática y acciones destinadas a vulnerar la soberanía o restringir las decisiones estratégicas de otro Estado.
Donald Trump ha hecho de esa presión una característica permanente de su política exterior. Además de recurrir a aranceles y amenazas comerciales, difundió en Truth Social un mapa en el que la bandera estadounidense cubre México, Canadá, Groenlandia, Islandia y buena parte del Caribe. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió que México “no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”.
Una imagen en redes sociales no constituye por sí misma una operación de guerra híbrida. Pero cuando es difundida por el presidente de una potencia y coincide con amenazas territoriales, intervenciones económicas y cuestionamientos reiterados a la soberanía de otros países, deja de ser un meme inocuo.
Los mapas son instrumentos políticos. Definen pertenencias, fronteras y zonas de influencia. Publicarlos de manera provocadora puede servir para habituar a la opinión pública a una pretensión que inicialmente parece inconcebible, medir reacciones o introducir incertidumbre en la relación con aliados y vecinos.
Esa utilización del símbolo se ubica dentro de una lógica de coerción e intimidación, aunque no baste para catalogar toda la política exterior estadounidense como guerra híbrida.
El riesgo analítico está en llamar “híbrido” a todo. El riesgo político está en no reconocer cuándo actos aparentemente desconectados empiezan a formar un patrón.
Las empresas ya están en el campo de batalla
Para el sector privado, la guerra híbrida altera los mapas tradicionales de riesgo.
Las compañías solían separar el riesgo geopolítico del operativo, el tecnológico, el financiero y el reputacional. En una campaña híbrida, esas categorías convergen. Un conflicto diplomático puede desencadenar aranceles; estos modifican proveedores y precios; una campaña de desinformación golpea la reputación de una marca; un ciberataque paraliza operaciones, y un sabotaje físico interrumpe energía o transporte.
El daño puede presentarse de varias formas:
* Suspensión de operaciones por ataques contra electricidad, comunicaciones o infraestructura logística.
* Pérdida de datos, propiedad intelectual y recursos financieros.
* Manipulación de marcas, ejecutivos o plataformas empresariales para difundir información falsa.
* Sanciones secundarias y restricciones comerciales que afectan proveedores y clientes.
* Aumento de seguros, costos de seguridad y exigencias regulatorias.
* Ruptura de cadenas de suministro por cierres fronterizos, sabotajes o tensiones diplomáticas.
* Presiones para que la empresa tome posición frente a un conflicto político.
* Pérdida de confianza entre clientes, empleados, inversionistas y comunidades.
América Latina enfrenta una exposición adicional. Check Point Research contabilizó durante abril de 2026 un promedio de 3.364 ciberataques semanales por organización en la región, un 20% más que un año antes y la cifra más alta del mundo. Brasil llegó a 4.118 ataques por semana, Colombia a 4.090 y México a 3.548.
No puede suponerse que todos tengan motivación geopolítica: muchos responden a extorsión, fraude o robo de información. Pero esa densidad de actividad criminal crea ruido, debilita sistemas y facilita que una operación patrocinada por un Estado pueda ocultarse entre miles de ataques ordinarios.
Del cisne negro al riesgo que nadie quiso mirar
Las amenazas híbridas suelen asociarse con posibles “cisnes negros”: acontecimientos de enorme impacto que no pudieron anticiparse. Pero muchos de sus efectos se parecen más a riesgos conocidos cuya fecha, autor o mecanismo preciso resultan inciertos.
Las empresas saben que pueden sufrir un ciberataque. Los gobiernos conocen la vulnerabilidad de los cables submarinos. Europa ha documentado incursiones de drones y sabotajes. América Latina sabe que el crimen organizado está incorporando nuevas tecnologías.
Lo impredecible puede ser la combinación: que un ataque informático coincida con una campaña de desinformación, una interrupción logística y una crisis política, amplificando el daño muy por encima de cada incidente individual.
El verdadero peligro no está solamente en el cisne negro inesperado, sino en no conectar señales visibles porque cada una pertenece a una unidad distinta de la organización.
Responder exige pasar de la ciberseguridad aislada a la resiliencia integral. Los directorios necesitan incorporar escenarios geopolíticos, probar planes de continuidad, identificar dependencias críticas, revisar proveedores, proteger la comunicación corporativa y coordinarse con autoridades y operadores de infraestructura.
La sociedad civil también cumple una función defensiva. El periodismo profesional, la alfabetización mediática, la transparencia institucional y la capacidad ciudadana para distinguir evidencia de propaganda reducen el terreno disponible para la manipulación.
La defensa frente a una amenaza híbrida no puede ser exclusivamente militar porque la agresión tampoco lo es. Requiere colaboración entre gobiernos, empresas, universidades, medios y ciudadanos.
Un mundo sin declaración de guerra
Las guerras híbridas complejizan el riesgo porque atacan las conexiones que mantienen funcionando a una sociedad: confianza, información, energía, dinero, transporte, instituciones y cohesión política.
Su éxito depende de que el país atacado tarde en reconocer el patrón. Cada episodio parece explicable por separado: una falla técnica, una protesta espontánea, un grupo criminal, un rumor viral, un incidente fronterizo o una decisión comercial.
Cuando finalmente se conectan los puntos, el atacante puede haber conseguido su objetivo sin ocupar un solo kilómetro de territorio.
Ese es el cambio que empresas y gobiernos deben comprender. La paz ya no significa ausencia de hostilidades. Puede significar que la confrontación está ocurriendo por debajo del nivel en que las instituciones aprendieron a verla.
En las guerras híbridas, el primer desafío no consiste en vencer al adversario. Consiste en reconocer que el conflicto ya comenzó.
Con información de EFE, OTAN, Hybrid CoE, Parlamento Europeo y Check Point Research.
