Por revistaeyn.com
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un proyecto orientado a fortalecer la focalización y eficiencia del sistema de protección social de Costa Rica.
La operación de US$200 millones, financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), es un préstamo de tasa variable y tiene un vencimiento final de 33,5 años, incluido un período de gracia de seis años.
Este proyecto ofrece la posibilidad de movilizar rápidamente liquidez para financiar gastos prioritarios; por ejemplo, en caso de que el país requiera una respuesta urgente a un choque, como una emergencia social, climática o económica.
El “Préstamo de Política de Desarrollo para la Gestión del Riesgo Social con Opción de Desembolso Diferido” se enfoca en dos pilares: el primero busca promover la focalización de los programas sociales mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), aumentando su cobertura, robustez e inclusividad.
El segundo pilar apunta a aumentar la eficiencia del gasto social al reducir su fragmentación y fomentar mejores mecanismos de entrega de transferencias sociales.
MITIGACIÓN DE IMPACTOS
“Este tipo de crédito es vital para la gestión y mitigación de impactos sociales ante situaciones de emergencia. Nos permitirá reaccionar de manera rápida y efectiva ante eventos adversos que puedan afectar nuestra economía y bienestar social”, declaró Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda de Costa Rica.
Para 2026, se espera que 85 % del gasto social se focalice utilizando el SINIRUBE para determinar la elegibilidad, un aumento significativo comparado con 73 % en 2023. Además, se prevé que 70 % de la información de los hogares sea actualizado en los próximos 18 meses, en comparación con el 53 % evidenciado en 2024.
También se trabajará para que 45 % de los hogares más pobres tengan sus datos georreferenciados y su situación de riesgo identificada, lo cual contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta ante los choques y las emergencias.
Para una mejor eficiencia del gasto social, se apunta a que para 2026 el 75 % de los recursos de los programas implementados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) lleguen a la población del primer quintil de ingresos, es decir, aquellos con los ingresos más bajos.
A la vez, se contempla un aumento de 440.000 a 600.000 en el número de beneficiarios que reciban transferencias a través del Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), entre 2024 y 2026. Las estimaciones se sustentan en datos recopiados por IMAS y SINIRUBE.
“A pesar de ser un pilar esencial del pacto social de Costa Rica, el sistema de protección social presenta limitaciones respecto a la cobertura total de los segmentos más vulnerables, sobre todo en momentos de emergencia “, afirmó Carine Clert, Gerente de País del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica.
