Por: EFE
En medio de una crisis que va ampliando sus impactos, el gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz, en las últimas horas expulsó a la embajadora de Colombia y recibió el respaldo de EE.UU. y otros gobiernos de la región.
La crisis, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses.
Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), sobre quien pesan graves acusaciones.
En efecto, Morales fue denunciado por siete casos de trata de personas y violación. Según la secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, cinco de los episodios habrían ocurrido en los últimos cinco años y se suman a dos acusaciones que datan de octubre y se refieren a hechos similares entre 2014 y 2016
Este miércoles, Paz anunció un “reordenamiento” de su gabinete de ministros para hacerlo “más ágil” y cercano a las demandas sociales, además de la creación de un Consejo Económico y Social con el que busca socializar las reformas impulsadas por su Administración y contrarrestar las acusaciones de privatización lanzadas por los sectores movilizados.
El mandatario también buscó bajar la tensión con Argentina, luego de que Morales denunciara sin pruebas que aviones Hércules de ese país trasladaban militares y material represivo a Bolivia. Paz aseguró que Buenos Aires solo participa en un operativo humanitario para enviar alimentos a La Paz y El Alto.
Desabastecimiento y presión política
La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto es crítica.
Los bloqueos mantienen parcialmente aislada a la región y han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal.
En los mercados populares los precios se han duplicado o triplicado, mientras cientos de personas hacen largas filas para conseguir pollo o gasolina.
El Gobierno habilitó un puente aéreo con apoyo de aviones argentinos para trasladar alimentos e insumos básicos, aunque admite que la situación sigue siendo difícil.
Las protestas se radicalizaron esta semana, especialmente después de la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Morales que caminó durante días desde el altiplano.
El Gobierno acusa a Morales de promover la conflictividad y sostiene que las protestas buscan generar una “ruptura constitucional”. Además, insiste en vincular parte de la movilización con estructuras del narcotráfico.
La crisis se internacionaliza
Bolivia expulsó a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, por considerar “injerencistas” unas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y afirmó que en Bolivia “hay un pueblo en las calles al que están matando”.
Tras la expulsión de García, el mandatario colombiano acusó este miércoles al Gobierno boliviano de caer en “extremismos” y advirtió sobre el riesgo de una “masacre” si no se abre un diálogo nacional.
Por su parte, Estados Unidos dio su absoluto respaldo al Gobierno de Paz.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington “no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”, mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de “un golpe de Estado en marcha”.
