Por revistaeyn.com / Agencias
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley que sustentaba la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en áreas estratégicas en las inmediaciones del Canal de Panamá.
El fallo, adoptado por el pleno del máximo tribunal, alcanza a la Ley N.° 5 de 1997, a sus adendas y al acto de prórroga que permitió la extensión automática del contrato en 2021. Según informó el Órgano Judicial, la decisión se tomó tras una “amplia deliberación” de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la interventora general, Anel Flores, a partir de una auditoría que detectó irregularidades y presuntos perjuicios económicos para el Estado panameño.
La concesión había sido adjudicada en 1997 mediante licitación internacional y permitía a PPC el desarrollo, administración y operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. La interventoría sostuvo que la prórroga del contrato habría generado pérdidas superiores a los US$1.000 millones en ingresos fiscales y que la empresa no contaba con las autorizaciones necesarias para extender el acuerdo.
La sentencia de la Corte Suprema es definitiva y no admite recurso, aunque abre la posibilidad de solicitudes de aclaración o de que la empresa recurra a instancias de arbitraje internacional.
Tras conocerse el fallo, Panama Ports Company expresó su desacuerdo y advirtió sobre un escenario de “incertidumbre jurídica”. En un comunicado, la empresa señaló que la decisión resulta incompatible con el marco legal vigente durante casi tres décadas y recordó que ha invertido más de US$1.800 millones en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, además de generar miles de empleos directos e indirectos.
RESPUESTA DE CHINA
La decisión judicial provocó una reacción inmediata del gobierno chino. El Ministerio de Exteriores de China aseguró que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas.
En conferencia de prensa, el portavoz Guo Jiakun afirmó que CK Hutchison considera que el fallo “va en contra de la base legal” sobre la cual Panamá aprobó la concesión, y subrayó que la compañía se reserva el derecho de recurrir a vías judiciales. Pekín evitó pronunciarse sobre el contenido de la sentencia, pero dejó abierta la posibilidad de acciones diplomáticas o legales para respaldar a la empresa afectada.
China también eludió hacer comentarios sobre el impacto que la decisión podría tener en la negociación global de activos portuarios de CK Hutchison, que incluye más de 40 puertos y una operación en la que participan el fondo estadounidense BlackRock y la naviera italiana Terminal Investment.
EL CONTEXTO ESTRATÉGICO
Los puertos de Balboa y Cristóbal se han convertido en un punto sensible dentro de la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Ambos enclaves forman parte del ecosistema logístico que rodea al Canal de Panamá, una vía por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial y que tiene a Estados Unidos como su principal usuario.
En los últimos meses, el presidente estadounidense Donald Trump denunció reiteradamente una supuesta influencia china en torno al Canal y llegó a amenazar con recuperar el control de la vía interoceánica, construida y administrada por Estados Unidos durante gran parte del siglo XX. El gobierno panameño rechazó esas afirmaciones y reiteró que el Canal es una infraestructura bajo plena soberanía nacional.
La anulación de la concesión se produce en un momento en que Panamá busca reafirmar su marco institucional y reposicionarse en el tablero regional, en medio de la competencia estratégica entre Washington y Pekín por el control de infraestructuras clave en América Latina y el Caribe.
