Por revistaeyn.com
El cambio climático dejó de ser una advertencia futura para convertirse en un factor cotidiano que pone a prueba la infraestructura energética de Centroamérica. Episodios de calor extremo, lluvias torrenciales y tormentas cada vez más intensas están provocando interrupciones eléctricas que afectan desde servicios básicos hasta la productividad empresarial.
Las cifras ilustran la magnitud del problema: solo en 2022, los desastres naturales en América Latina y el Caribe generaron pérdidas cercanas a los US$9.000 millones, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Años antes, entre 2005 y 2014, Centroamérica ya había acumulado daños por unos US$5.800 millones.
En una región donde la electricidad sostiene hospitales, acueductos, telecomunicaciones y cadenas productivas completas, la vulnerabilidad energética se traduce rápidamente en impactos sociales y económicos.
Por eso, el debate ya no gira únicamente en torno a cuánto se genera, sino a qué tan confiable es el suministro cuando el sistema enfrenta situaciones extremas.
Paradójicamente, Centroamérica parte de una posición ventajosa. Las proyecciones del Ente Operador Regional indican que en los próximos años más del 80 % de la demanda eléctrica será cubierta por fuentes renovables. La hidroelectricidad sigue siendo el pilar, mientras que la solar, la eólica, la geotermia y la biomasa ganan terreno. Sin embargo, una matriz limpia no garantiza por sí sola continuidad del servicio. Aquí es donde las microrredes comienzan a ganar protagonismo.
Una microrred funciona como un sistema eléctrico local capaz de operar de manera independiente si la red principal falla. En tiempos normales se mantiene conectada al sistema nacional, pero ante un apagón puede aislarse y seguir abasteciendo los consumos prioritarios.
Su diseño integra generación cercana al usuario —como paneles solares o pequeñas turbinas—, baterías para almacenamiento, plataformas de control inteligente y un conjunto de cargas críticas previamente definidas.
Este tipo de soluciones cobra especial relevancia para actividades que no pueden detenerse. Agroindustrias que dependen de la cadena de frío, hospitales y hoteles con equipos sensibles, parques industriales, centros de datos, plantas de tratamiento de agua y entidades de respuesta ante emergencias encuentran en las microrredes una forma de reducir pérdidas y asegurar operaciones incluso en escenarios adversos.
Además de la resiliencia, hay un componente ambiental clave. Al reemplazar generadores de respaldo a diésel por renovables locales y almacenamiento, las microrredes contribuyen a la reducción de emisiones. Organismos como la Agencia Internacional de la Energía y la IRENA destacan la generación distribuida como una de las vías más efectivas para descarbonizar el sector eléctrico.
Un ejemplo concreto ya opera en Costa Rica. El edificio Benjamín Núñez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incorporó una microrred que combina paneles solares, una turbina eólica, baterías y cargadores para vehículos eléctricos, todo gestionado desde una plataforma inteligente.
El proyecto apunta a reducir más de 25 % la factura eléctrica, recuperar la inversión en un plazo de dos a tres años y disminuir alrededor de 2,5 toneladas mensuales de CO₂.
