Por revistaeyn.com / Agencias
El conflicto abierto en torno a la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal de Panamá, ha dejado de ser un diferendo jurídico-comercial para escalar a un nuevo episodio de la disputa estratégica entre China y Estados Unidos en América Latina.
Tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia panameño que declaró “inconstitucional” el contrato de concesión otorgado en 1997 a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, el Gobierno chino lanzó una advertencia inusualmente dura contra Panamá, al tiempo que la compañía anunció el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado panameño.
En un comunicado difundido por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado chino, Pekín calificó la decisión judicial panameña de “absurda”, “extremadamente ridícula” y carente de lógica jurídica, y advirtió que Panamá “pagará inevitablemente un alto precio en términos políticos y económicos” si no revierte el fallo.
Aunque el texto evita mencionar de forma directa a Estados Unidos, el mensaje apunta con claridad a la creciente influencia de Washington en el desenlace del caso. China denunció la “sumisión” de las autoridades panameñas ante la “hegemonía” de “ciertos países” que fuerzan a otros a someterse a su voluntad, en una velada referencia a la presión estadounidense sobre la gestión de infraestructuras estratégicas vinculadas al Canal.
Desde Pekín se sostiene que la concesión portuaria estuvo vigente durante casi tres décadas, fue renovada con el aval de las autoridades panameñas y se encuadra dentro del Estado de derecho. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao subrayó además que CK Hutchison invirtió más de US$1.800 millones en Panamá y generó miles de empleos, y acusó al país de “despojar brutalmente” a la empresa de sus derechos de explotación.
La reacción china se produce en un contexto especialmente sensible: CK Hutchison había acordado el año pasado la venta de la concesión a un consorcio liderado por el gestor estadounidense BlackRock, una operación que quedó bloqueada por Pekín en el marco de su pulso geopolítico con Washington por el control —formal o informal— de nodos logísticos estratégicos a escala global.
Arbitraje internacional y transición operativa
En paralelo a la ofensiva diplomática china, Panama Ports Company confirmó el inicio de un proceso de arbitraje contra la República de Panamá. La empresa sostiene que ha sido objeto de una “campaña dirigida específicamente” en su contra, marcada por acciones “abruptas” del Estado panameño que, según afirma, no se han aplicado a contratos similares dentro del sector portuario.
PPC alega que Panamá incumplió el contrato de concesión y el marco legal vigente, al que califica como un “contrato-ley” que durante casi 30 años proporcionó seguridad jurídica y estabilidad. Aunque no precisa el monto reclamado, la compañía anunció que exigirá una “indemnización amplia”, basada en la evaluación de datos financieros y otros daños que considera inminentes.
El fallo de la Corte Suprema, adoptado tras demandas presentadas en julio por el contralor general Anel Flores —sustentadas en una auditoría que detectó presuntas irregularidades y términos lesivos para el Estado—, anuló tanto el contrato original de 1997 como sus adendas y la prórroga automática de 2021.
Un día después de la decisión judicial, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo danés AP Moller-Maersk, asumirá de manera transitoria la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras se prepara una nueva licitación “abierta y transparente”.
No obstante, PPC subrayó que el fallo judicial aún no ha sido publicado ni ha entrado formalmente en vigor, y remarcó que la decisión contradice pronunciamientos anteriores de la propia Corte Suprema sobre contratos similares.
Más que un litigio comercial
Más allá del arbitraje y de la transición operativa, el caso revela la creciente dificultad de Panamá para sostener una posición de equilibrio entre las dos principales potencias globales.
Para China, el fallo judicial no solo compromete una inversión estratégica, sino que sienta un precedente peligroso para sus intereses en la región. Para Estados Unidos, en cambio, la salida de un operador vinculado a Hong Kong de un enclave clave como el Canal refuerza su narrativa de seguridad y control sobre infraestructuras críticas del hemisferio.
