Por revistaeyn.com
La Cámara de Comercio de Guatemala ha planteado una dura advertencia sobre la paralización paulatina de operaciones en el puerto Santo Tomás de Castilla, indicando que esta situación representa un serio riesgo para el comercio nacional y exige una intervención inmediata de las autoridades.
Según el gremio empresarial, la ralentización en las actividades portuarias se originó por una paralización laboral en el recinto costero, que mantiene detenidos cientos de contenedores y buques sin atención. En su pronunciamiento público, la Cámara sostiene que el bloqueo del puerto "ha desencadenado pérdidas económicas que superan los millones de dólares diarios, al tiempo que deteriora la continuidad de la cadena de suministro para industrias esenciales".
El organismo señaló que la terminal marítima afectada es una pieza vital en el comercio exterior guatemalteco, pues moviliza una porción significativa de las exportaciones e importaciones del país. De mantenerse la demora en las cargas y descargas, advierten los empresarios, "podría comprometerse la estabilidad del abastecimiento de insumos y productos de consumo".
Para revertir el conflicto, la Cámara interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el propósito de obligar a las autoridades competentes a restablecer sin más demoras el servicio portuario.
En su argumento jurídico, enfatiza que la suspensión prolongada de una terminal catalogada como estratégica vulnera derechos constitucionales al libre tránsito de comercio y el bienestar colectivo.
El comunicado también repudió la decisión de un reducido grupo de trabajadores que, según la gremial, “han impuesto el interés particular sobre el bien común al obstaculizar las operaciones”. A juicio de la Cámara de Comercio, esta medida de hecho ha afectado no solo a exportadores e importadores, sino también al consumidor final, cuyos productos podrían encarecerse o retrasarse.
Además, la entidad insistió en que los poderes estatales deben aplicar mecanismos legales y normativos para salvaguardar la continuidad del puerto. En su planteamiento, el sector privado ve con urgencia que el Estado actúe con firmeza para evitar que el impasse se vuelva prolongado y genere daños estructurales al comercio exterior de Guatemala.
