Por Agencia EFE
El Congreso Nacional de Honduras destituyó definitivamente al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras haber sido sometido a un juicio político que se inició el lunes, y eligió a su sucesor, Pablo Reyes.
La destitución de Zelaya y la elección de Reyes fue aprobada por 93 diputados de cuatro de las cinco bancadas del Congreso, dijo el presidente del legislativo, Tomás Zambrano, perteneciente al gobernante Partido Nacional.
Los 35 diputados del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), del que Zelaya es simpatizante, se abstuvieron de votar.
Zelaya fue destituido luego de que la comisión especial que lo sometió al juicio político le recomendara al Parlamento su separación inmediata del cargo.
Antes, las cuatro bancadas aprobaron en una sesión del pleno el informe de la comisión especial, que fue leído en un ambiente de silbidos y consignas que coreaban los diputados de la bancada de Libre.
Reyes completará el tiempo que le restaba a Zelaya, quien asumió el cargo en diciembre de 2023 para un período de cinco años.
También trascendió que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, estaría renunciando al cargo para no ser sometida a juicio político, lo que fue anunciado hoy en el Parlamento.
En una denuncia presentada contra el fiscal general ante el Congreso, se le acusó de "actuaciones contrarias a la Constitución de la República" y "negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público (Fiscalía), la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral".
Esos presuntos delitos, según la denuncia, "han afectado los intereses generales de la sociedad, la independencia y autonomía de los órganos electorales y la democracia como forma de gobierno".
La denuncia subraya, entre otras cosas, que en el desempeño de su cargo y en especial durante el proceso electoral, incluyendo días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público, bajo la dirección superior del fiscal general de la República, desarrolló una serie de actuaciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
