Por revistaeyn.com / Agencias
A poco más de dos semanas de los comicios presidenciales y legislativos, el Gobierno de Costa Rica denunció ayer martes 13 de enero la existencia de un supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, una acusación que ya está en manos de la Fiscalía y que irrumpe en una campaña marcada por la polarización política y el debate sobre seguridad.
La denuncia fue presentada por Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), quien aseguró que el organismo tuvo conocimiento del presunto complot a través de una “fuente confidencial”. Según su testimonio, la información apuntaría al pago a un sicario para ejecutar un atentado contra el mandatario.
“Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar contra la vida del presidente de la República”, declaró Torres a periodistas a las puertas del Ministerio Público, sin aportar mayores detalles sobre los responsables o los posibles móviles.
Investigación en curso
Tras la denuncia, el fiscal general Carlo Díaz confirmó que se abrió una investigación y que se indaga a una persona sospechosa, descrita como “bastante activa en redes sociales”. Díaz evitó vincular el caso con el proceso electoral y subrayó que las amenazas contra funcionarios del Ejecutivo no son inusuales en el contexto del combate al crimen organizado.
El Gobierno anunció además que reforzará la seguridad del presidente y su familia, mientras avanzan las pesquisas judiciales.
La denuncia se produce en un momento particularmente sensible: el país votará el 1 de febrero de 2026 para elegir presidente y renovar el Congreso, en un clima de creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado.
El contexto electoral
Aunque Rodrigo Chaves no puede aspirar a la reelección inmediata —prohibida por la Constitución—, su figura domina la campaña. Su exministra y aliada política, Laura Fernández, lidera ampliamente las encuestas de intención de voto con un discurso de mano dura contra la inseguridad, un tema central para el electorado.
Fernández aspira a ganar en primera vuelta y a obtener una mayoría parlamentaria que le permita impulsar reformas profundas, incluido el Poder Judicial, un planteamiento que ha generado preocupación en sectores opositores y organizaciones civiles.
Señales de deterioro democrático
El episodio ocurre en un contexto de deterioro de la seguridad, un fenómeno inusual para Costa Rica, tradicionalmente considerada una de las democracias más estables y pacíficas de América Latina. El país cerró 2025 con una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a 11,2 en 2020, un aumento vinculado al avance del narcotráfico y el crimen organizado.
En paralelo, se profundiza el choque entre poderes del Estado. Chaves ha acusado reiteradamente al Congreso, a la Corte Suprema y al Tribunal Supremo de Elecciones de sabotear su gestión. Desde esas instituciones, en cambio, se le reprochan derivas autoritarias y falta de respeto a la independencia de poderes, una acusación que ha comenzado a inquietar a observadores internacionales.
La visita de Bukele
La denuncia también coincidió con la visita oficial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, referente político de Chaves. Ambos gobiernos impulsan una agenda de seguridad basada en el endurecimiento penal, y Costa Rica planea construir una cárcel inspirada en la megaprisión salvadoreña.
La oposición costarricense calificó la coincidencia de los anuncios como un “show mediático” y cuestionó la oportunidad política de la denuncia, algo que el Gobierno rechazó de plano.
Costa Rica en la mira regional
Sin conclusiones judiciales aún, el caso agrega un nuevo elemento de incertidumbre a un proceso electoral clave. Para analistas y observadores internacionales, la combinación de acusaciones graves, alta polarización, inseguridad creciente y confrontación institucional coloca a Costa Rica —un histórico referente democrático en Centroamérica— bajo una atención inédita en la antesala de sus elecciones.
La investigación judicial determinará la veracidad de la amenaza. Mientras tanto, el episodio ya dejó una señal clara: el proceso electoral costarricense transcurre en un clima de tensión que trasciende sus fronteras.
