Por revistaeyn.com
Costa Rica se encamina a un nuevo ciclo político con la mirada puesta en la estabilidad económica y la gobernabilidad. En febrero, el país celebrará elecciones legislativas junto con la primera ronda de los comicios presidenciales, mientras que una eventual segunda vuelta para definir al próximo mandatario está prevista para abril.
En un contexto regional marcado por la volatilidad, el proceso electoral costarricense se desarrolla bajo el paraguas de instituciones sólidas y reglas de juego conocidas, un rasgo que ha distinguido históricamente al país centroamericano.
De acuerdo con el análisis de S&P Global Ratings, esta tradición de estabilidad institucional y de diseño de políticas relativamente previsible —aunque frecuentemente lento— debería permitir que las principales líneas de la política económica se mantengan tras las elecciones.
En los últimos años, Costa Rica ha fortalecido su perfil como polo regional de manufactura avanzada y servicios intensivos en conocimiento, señala S&P Global Ratings. Este posicionamiento ha favorecido la llegada de inversión extranjera directa y un turismo de mayor valor agregado, elementos que han impulsado una expansión económica superior a su promedio histórico.
Para 2025, se proyecta que el producto interno bruto crezca por encima del 4 %, aunque en 2026 el ritmo podría moderarse hasta cerca del 3.5 %, en un escenario de mayor incertidumbre en el comercio internacional y una posible desaceleración de la demanda de sus principales socios.
TRABAJO EN EQUIPO
Cabe recordar que en octubre de 2025, S&P Global Ratings subió la calificación de Costa Rica a 'BB' de 'BB-' con perspectiva es estable. "Podríamos subir las calificaciones en los próximos 12 a 18 meses si una mejor coordinación de políticas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contribuye a reducir los obstáculos políticos que desde hace tiempo han limitado la aprobación de reformas legislativas", dice la agencia.
En el frente externo, los flujos de inversión extranjera continuarían siendo suficientes para cubrir sin dificultad los déficits moderados de la cuenta corriente, que se estiman entre el 1 % y el 2 % del PIB en 2026 y 2027. A nivel fiscal, el déficit del gobierno general rondaría el 3,5 % del PIB en 2025, con espacio para una leve reducción en los dos años siguientes, siempre que se mantenga la disciplina en el gasto y el crecimiento acompañe.
El clima electoral; sin embargo, está marcado por preocupaciones concretas de la ciudadanía. Las encuestas reflejan que la inseguridad, la calidad de los servicios públicos —especialmente salud y educación— y la situación económica encabezan la lista de temas que más influyen en la intención de voto. Los sondeos colocan por ahora a Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano y cercana al presidente Rodrigo Chaves, en la delantera, aunque cerca de la mitad del electorado aún no define su preferencia.
Si bien los principales aspirantes comparten visiones similares en materia económica, el gran desafío será la capacidad del próximo gobierno para construir consensos en un Congreso dividido. El oficialismo cuenta actualmente con apenas nueve de los 57 escaños legislativos, una debilidad que ha complicado la aprobación de iniciativas clave, indica S&P Global Ratings.
Esta fragmentación ha retrasado decisiones importantes, incluida la autorización de emisiones de deuda externa, lo que ha afectado la gestión financiera del Estado y reducido la previsibilidad fiscal. En ese escenario, la gobernabilidad será tan determinante como el resultado en las urnas.
Podríamos bajar las calificaciones si los retrasos persistentes en el acceso al endeudamiento externo generaran presiones significativas en los mercados de capitales locales, o si los shocks externos o la inseguridad pesaran sobre su posición de balanza de pagos y su desempeño económico.
