Por: Revistaeyn.com - Agencias
El aumento de los combustibles en Guatemala dejó de ser solamente un problema de precios. Las protestas y bloqueos de carreteras convirtieron la presión sobre el bolsillo de los consumidores en una crisis de movilidad, abastecimiento y seguridad que ya afecta la operación de empresas y la vida cotidiana de los ciudadanos.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 12 de septiembre que logró restablecer la circulación en todo el país después de varias jornadas de cierres. La liberación de las rutas, sin embargo, no significa que el conflicto haya terminado: las demandas de los transportistas persisten y la respuesta económica aprobada por el Congreso todavía no ha entrado en vigor.
El problema tiene un origen externo, pero consecuencias profundamente locales. La escalada del precio internacional del petróleo, asociada al conflicto en Oriente Medio y a las alteraciones en el suministro global, elevó el costo de las gasolinas y el diésel en un país altamente dependiente de la importación de combustibles.
El impacto se trasladó rápidamente a los costos del transporte de pasajeros y mercancías. Luego llegó a las carreteras.
De la protesta al enfrentamiento
Durante las últimas dos semanas, transportistas y otros grupos organizaron cierres en la capital y en rutas estratégicas del interior del país para exigir una reducción mayor del precio de los combustibles.
Los bloqueos afectaron puntos de las rutas al Pacífico y al Atlántico, la carretera Interamericana y vías de acceso a distintos departamentos. También surgieron amenazas de interrumpir la circulación hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, lo que encendió las alertas del sector exportador.
La tensión escaló cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a desalojar los puntos de protesta. El incidente más grave se produjo en el kilómetro 168 de la ruta hacia Cuyotenango, Suchitepéquez, donde varios agentes resultaron heridos. Uno de ellos recibió un disparo en el abdomen y tuvo que ser trasladado en helicóptero a la capital.
Otros policías sufrieron lesiones provocadas por morteros, piedras y golpes, de acuerdo con los reportes oficiales. También se produjeron detenciones, saqueos y la quema de vehículos de transporte en Zacapa.
La PNC afirmó, además, haber detectado la posible presencia de pandillas y estructuras criminales entre algunos grupos movilizados. Se trata de una acusación de las autoridades que deberá ser investigada y que introduce un factor especialmente delicado: la posibilidad de que un reclamo social legítimo sea aprovechado para generar violencia o desestabilización.
El operativo para restablecer la circulación se realizó después de una orden de la Corte de Constitucionalidad y contó con la participación del Ministerio de Gobernación y el Ejército.
Durante la madrugada del sábado, la Policía anunció que las carreteras habían quedado libres, aunque recomendó circular con precaución. La Agencia Guatemalteca de Noticias confirmó la normalización del tránsito.
Una respuesta que no consigue frenar el malestar
El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha intentado contener el impacto económico mediante un mecanismo temporal de precios máximos.
La propuesta inicial del Ejecutivo se concentraba en el diésel, debido a su influencia sobre el transporte de mercancías, la distribución y el precio final de los productos. El Gobierno planteó que los consumidores no pagaran más de Q39 —alrededor de US$5,10— por galón durante el resto de 2026.
Arévalo argumentó que intervenir el precio del diésel podría generar un efecto hasta tres veces mayor sobre la canasta básica que destinar el apoyo a la gasolina, debido a su peso dentro de las cadenas logísticas.
El Congreso amplió posteriormente el mecanismo y aprobó precios máximos tanto para el diésel como para las gasolinas. La normativa establece un tope de Q39 por galón de diésel y gasolina regular y de Q41 —unos US$5,40— para la gasolina superior.
Para cubrir la diferencia entre esos valores y los precios internacionales se autorizó un fondo de compensación de Q2.500 millones, equivalentes a cerca de US$325 millones. El Ministerio de Energía y Minas calcula que esos recursos podrían sostener el mecanismo durante al menos tres meses, aunque su duración dependerá de la evolución del mercado petrolero.
La medida, sin embargo, quedó frenada temporalmente por solicitudes de revisión presentadas en el Congreso y aún no ha podido ser publicada ni entrar en vigor.
Ese desfase entre el anuncio político, la aprobación legislativa y el alivio efectivo en las estaciones de servicio alimentó la frustración. Los transportistas, además, consideran insuficientes los precios establecidos y reclaman una reducción mayor.
Así, el Gobierno enfrenta una doble dificultad: debe demostrar que su intervención puede traducirse rápidamente en precios más bajos y, al mismo tiempo, explicar que ningún subsidio puede aislar completamente al país de un choque petrolero internacional.
Mercancías por US$150 millones bajo riesgo diario
El costo de los bloqueos ya supera el ámbito del transporte. La Cámara de Industria de Guatemala estima que cada jornada de interrupciones compromete el movimiento de mercancías por aproximadamente Q1.134 millones, unos US$149 millones, a través de las aduanas.
La cifra no representa necesariamente una pérdida definitiva en cada jornada, sino el valor de importaciones y exportaciones cuyo movimiento queda paralizado o retrasado. A ello se suman potenciales afectaciones sobre la recaudación aduanera, estimadas por el sector privado en alrededor de Q100 millones —US$13 millones— diarios.
Los cierres también interrumpen el traslado de trabajadores, alimentos, medicamentos y materias primas. Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, cada demora puede significar mayores costos logísticos, incumplimientos de entregas o pérdida de productos perecederos.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores advirtió que un bloqueo al aeropuerto dañaría la conectividad, el comercio, el turismo y el empleo. La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, por su parte, condenó la destrucción de unidades y reclamó acciones contra los responsables de los ataques.
El sector empresarial reconoce el impacto que el precio del combustible ejerce sobre los transportistas, pero sostiene que bloquear las carreteras termina agravando el mismo problema que originó las protestas: encarece la movilización de bienes, reduce la oferta disponible y añade nuevas presiones sobre los precios.
Difícil equilibrio entre protesta y circulación
El desafío del Gobierno no consiste solamente en liberar las carreteras. También debe evitar que el uso de la fuerza sustituya la construcción de una salida política y económica.
El derecho a manifestarse forma parte de una democracia, pero pierde legitimidad cuando impide durante períodos prolongados la circulación de terceros, pone en riesgo servicios esenciales o deriva en ataques contra personas y propiedad privada.
Del otro lado, el restablecimiento del orden no resuelve por sí solo la presión que soportan conductores, transportistas y familias. Mientras los precios internacionales permanezcan elevados, el malestar puede reaparecer incluso después de despejadas las rutas.
Guatemala enfrenta así tres urgencias simultáneas: poner en marcha con transparencia el mecanismo de estabilización, abrir un canal de diálogo con los sectores afectados y garantizar que las protestas no paralicen las cadenas de abastecimiento.
Las carreteras volvieron a quedar habilitadas, pero el origen del conflicto continúa intacto. El riesgo es que la crisis del combustible deje de medirse únicamente en quetzales por galón y comience a hacerlo en pérdida de actividad económica, deterioro de la convivencia y nuevos episodios de violencia.
