Por revistaeyn.com /Agencias
Honduras atraviesa una nueva fase de incertidumbre política tras la decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de ordenar un recuento general de votos de las elecciones celebradas el 30 de noviembre, cuando restan apenas 17 días para el traspaso de mando presidencial, previsto para el 27 de enero.
El decreto, aprobado por mayoría en el Congreso y sancionado por la mandataria, instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a volver a contabilizar los sufragios de los tres niveles electivos —presidencial, legislativo y municipal— bajo el argumento de que el proceso estuvo marcado por irregularidades y por supuesta injerencia extranjera. Según el Gobierno, “no se habrían contabilizado todas las actas ni resuelto adecuadamente las impugnaciones presentadas”, según informó la cadena CNN.
El CNE había declarado oficialmente ganador, el 24 de diciembre, al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, quien se impuso por un margen inferior a un punto porcentual frente al liberal Salvador Nasralla. La candidata oficialista, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar.
Cuestionamientos institucionales
La medida fue rechazada de inmediato por la oposición política, sectores jurídicos y organismos internacionales. Dirigentes del Partido Nacional calificaron el decreto como un “atentado contra la democracia” y denunciaron un uso indebido de las instituciones del Estado para alterar la voluntad popular, especialmente por haberse aprobado en una sesión parlamentaria sin la presencia de buena parte de los diputados opositores
Juristas y analistas también han cuestionado la legalidad del procedimiento, señalando que el CNE ya proclamó resultados oficiales, lo que limitaría la viabilidad jurídica de un nuevo escrutinio general. La Organización de Estados Americanos (OEA) se sumó a estas observaciones, advirtiendo sobre el impacto institucional de desconocer al órgano electoral.
Reacción regional e internacional
La crisis política hondureña trascendió rápidamente las fronteras nacionales. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su rechazo al decreto, al considerar que desconoce la autoridad del CNE y afecta la institucionalidad democrática.
En el documento, los países firmantes reafirmaron su reconocimiento a los resultados oficiales que proclaman a Asfura como presidente electo e instaron a las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo.
Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, advirtió que “cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”, reforzando la presión internacional sobre el Ejecutivo hondureño.
El rol de las Fuerzas Armadas y el factor tiempo
En medio de la tensión, las Fuerzas Armadas de Honduras, responsables por ley de la custodia del material electoral, reforzaron la seguridad del centro logístico del CNE en Tegucigalpa. El jefe del Estado Mayor Conjunto afirmó que los militares respetarán la declaración del órgano electoral y garantizarán la transición del poder el 27 de enero, cuando concluye el mandato de Castro.
Hasta el momento, el CNE no ha emitido una respuesta oficial sobre la aplicación del decreto, mientras el Congreso advirtió que, de no iniciarse el recuento, podría asumir directamente el proceso, lo que ha generado nuevas alertas sobre una posible escalada institucional.
Un nuevo foco de inestabilidad en la región
La crisis hondureña se produce en un contexto regional marcado por alta polarización política, disputas electorales y creciente tensión institucional en varios países de América Latina. La decisión de revisar los resultados a días del cambio de gobierno introduce un factor de incertidumbre adicional en Centroamérica, con posibles impactos en la gobernabilidad y en la confianza internacional.
A medida que se acerca la fecha de la transición presidencial, Honduras queda atrapada en un loop descendente de crisis política, donde el desenlace del conflicto electoral será clave no solo para la estabilidad interna, sino también para el equilibrio democrático regional.
(Con información de CNN, y Agencias)
