Por: Revistaeyn.com
En momentos en que las zonas costeras de Centroamérica enfrentan una creciente presión inmobiliaria impulsada por el turismo, la inversión extranjera y la demanda de proyectos residenciales de alto valor, el distrito de Nosara, en Guanacaste, acaba de dar un paso que podría convertirse en referencia para otros territorios de Costa Rica.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el Reglamento Temporal para las Construcciones en Nosara, una normativa diseñada para ordenar el crecimiento urbano bajo criterios ambientales y que busca garantizar que el desarrollo económico avance sin comprometer los recursos naturales que sostienen el atractivo de la zona.
La decisión pone fin a un litigio de seis años que había retrasado la entrada en vigor de un reglamento aprobado por la Municipalidad de Nicoya en 2019. Para los impulsores de la iniciativa, el fallo representa uno de los precedentes más relevantes en materia de ordenamiento territorial y sostenibilidad en el país.
Ubicada en la costa pacífica de Guanacaste, Nosara se ha consolidado durante la última década como uno de los destinos más valorados por turistas internacionales, inversionistas y residentes extranjeros atraídos por su combinación de playas, biodiversidad, bienestar y calidad de vida.
Sin embargo, ese mismo crecimiento comenzó a plantear desafíos relacionados con la disponibilidad de agua, la protección de ecosistemas sensibles y la preservación del carácter natural de la comunidad.
Reglas para crecer sin perder valor ambiental
El reglamento establece parámetros específicos para nuevas construcciones dentro de la zona de influencia del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, uno de los ecosistemas más importantes del país.
Entre las principales disposiciones se incluyen límites de altura para las edificaciones, restricciones destinadas a reducir la contaminación lumínica, topes a la superficie construible dentro de cada lote y la obligación de incorporar sistemas adecuados para el tratamiento de aguas residuales.
Las edificaciones ubicadas dentro del primer kilómetro posterior al refugio no podrán superar los nueve metros de altura, mientras que en los cuatro kilómetros siguientes el límite se amplía a doce metros. Asimismo, solo podrá desarrollarse hasta el 50% del área total de cada terreno.
La normativa también obliga a utilizar iluminación exterior de bajo voltaje y no visible desde la playa, una medida orientada a proteger la fauna costera y minimizar las alteraciones sobre los ecosistemas locales.
Según la Asociación Conservacionista de Nosara (NCA), impulsora de la iniciativa junto con actores comunitarios, el objetivo es asegurar que el crecimiento futuro ocurra dentro de la capacidad ambiental del territorio.
"Nosara demuestra que desarrollo y conservación no tienen por qué estar enfrentados", afirmó Marco Villegas, representante de la organización.
Un nuevo marco para la inversión
Más allá de las implicancias ambientales, la entrada en vigencia del reglamento introduce un elemento especialmente valorado por el sector privado: la previsibilidad.
En mercados inmobiliarios donde el crecimiento acelerado suele generar conflictos entre desarrolladores, comunidades y autoridades, la existencia de reglas claras puede traducirse en una mayor seguridad jurídica para los proyectos que cumplan con los estándares establecidos.
Los defensores del modelo sostienen que el reglamento no busca frenar la inversión, sino establecer condiciones que permitan proteger los activos naturales que sustentan el valor económico de largo plazo de la región.
Ese enfoque coincide con una tendencia cada vez más visible en destinos turísticos premium de América Latina, donde la conservación ambiental comienza a ser considerada no solo como una obligación regulatoria, sino también como un componente estratégico para preservar la competitividad y el atractivo de los proyectos inmobiliarios.
Un laboratorio para las costas de Costa Rica
El caso de Nosara también abre una discusión de alcance nacional sobre cómo gestionar el desarrollo en territorios con alta sensibilidad ambiental.
Guanacaste ha sido una de las provincias que más ha sentido la presión del crecimiento inmobiliario en los últimos años, impulsado por la llegada de capital extranjero y la expansión de proyectos turísticos y residenciales.
En ese contexto, la validación judicial del reglamento podría servir como referencia para otras comunidades costeras que buscan equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social.
Para los impulsores de la iniciativa, el desafío ahora será garantizar una aplicación efectiva de la normativa y fortalecer los mecanismos de supervisión constructiva.
El resultado, sostienen, será observado de cerca por autoridades locales, desarrolladores e inversionistas que buscan modelos capaces de combinar rentabilidad y sostenibilidad en una región donde la preservación del entorno natural es, cada vez más, un factor determinante para la creación de valor a largo plazo.
