POR EFE
Las protestas en Panamá continúan este martes, en su tercera semana consecutiva, con más enfrentamientos violentos entre la Policía y los manifestantes, en rechazo a varias iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, entre ellas una controvertida reforma a la seguridad social.
Grupos indígenas fueron dispersados hoy por la Policía con gases lacrimógenos tras bloquear la carretera interamericana, que conecta todo el país, a la altura de la localidad de Viguí, provincia central de Veraguas. Las unidades antimotines lograron reabrir esa importante vía, según pudo presenciar EFE.
También se han registrado enfrentamientos similares en otras zonas del país principalmente en Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica, y Ciudad de Panamá cuando grupos de sindicatos docentes intentaban marchar.
Los enfrentamientos han dejado varios manifestantes aprehendidos, una gran parte de ellos profesores sindicados, en varios puntos del país, según denunció la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) pero, hasta el momento, las autoridades no han oficializado los datos sobre estos arrestos.
"Entonces, pregunto: ¿Quién está trancando la vía? ¿los docentes o la Policía nacional? La Policía no deja pasar los carros", grita un dirigente de Asoprof, el profesor Fernando Ábrego, ante el cordón de seguridad de la policía en pleno corazón de Ciudad de Panamá para evitar el paso de la marcha de los profesores previo a las escamaruzas, según un vídeo subido a redes sociales por el poderoso sindicato de la construcción Suntracs.
Ayer, las protestas dejaron al menos una docena de detenidos, la mayoría indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, tras enfrentamientos en el poblado panameño de Ojo de Agua en la provincia central de Veraguas.
Desde el pasado 23 de abril los profesores mantienen un paro indefinido de labores contra una ley que reforma la Caja del Seguro Social (Seguridad Social) ya que, según alegan, afecta negativamente el sistema de pensiones. A ello se sumaron de manera escalonada indígenas, el sindicato de la construcción Suntracs, trabajadores de la importante bananera Chiquita, los farmacéuticos y los médicos.
Mientras tanto, los gremios empresariales solicitaron este martes buscar soluciones para la "paz social", el cese de los bloqueos en las carreteras y regresar a los puestos de trabajo.
El Gobierno panameño también ha insistido en la reinserción laboral alegando afectaciones a la golpeada economía, en tanto que el Ministerio de Educación comenzó desde este lunes a retener salario a los docentes que se ausenten de las clases.
"En los últimos días me he reunido con miembros del sector productivo. Coincidimos en algo esencial: Panamá solo avanza cuando su gente puede trabajar. Ese es el camino en el que seguiremos dando pasos, para que el país y su gente avancen!", escribió hoy Mulino en X.
Además de la reforma a la seguridad social, los manifestantes rechazan a un acuerdo de seguridad firmado con EE.UU. por el Gobierno panameño al considerarlo lesivo a la soberanía nacional.
Por su parte, la bananera Chiquita Panamá anunció ayer la suspensión definitiva de la producción en una parte de sus fincas que opera en la provincia de Bocas del Toro (Caribe), afectadas por la huelga sindical que ha supuesto al menos 10 millones de dólares en pérdidas para la transnacional.
Una fuente oficial precisó a EFE que Chiquita Panamá cuenta con un total de 26 fincas que abarcan 6.969 hectáreas. Se calcula que en cada finca laboran unas 150 personas, según publicó hoy el diario local La Prensa, que añadió que el 90 % de la producción nacional de banano está en manos de la transnacional.
