Por revistaeyn.com
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encendió las alarmas ante el modelo de subasta de frecuencias de radio y televisión impulsado por el Gobierno de Costa Rica, un proceso que —según la organización— podría poner en entredicho la diversidad mediática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país.
El Ejecutivo costarricense, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, presentó semanas atrás un plan para licitar espacios en el espectro radioeléctrico, con el argumento de modernizar el esquema vigente y asegurar que los operadores paguen tarifas ajustadas al valor del recurso público.
Sin embargo, tras el cierre del plazo oficial el 21 de noviembre, numerosas emisoras denunciaron que quedaron imposibilitadas de participar, situación que distintos sectores consideran una amenaza directa para la pluralidad informativa.
La presión de medios, especialistas, opositores y organizaciones sociales —incluida la Iglesia Católica— desembocó en una decisión clave: la Sala Constitucional ordenó suspender de inmediato el proceso, como medida cautelar, mientras analiza un recurso de amparo que cuestiona la legalidad y el diseño mismo de la subasta.
Desde la SIP recuerdan que el marco internacional en materia de libertad de expresión establece límites claros al uso de criterios puramente comerciales o fiscales al asignar frecuencias. La Convención Americana y los principios del sistema interamericano subrayan que el espectro radioeléctrico no debe administrarse como si fuera un bien transable más. De hecho, la Declaración de Chapultepec advierte que la entrega o retiro de frecuencias no puede emplearse para recompensar ni castigar a medios de comunicación.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, insistió en que considerar las frecuencias como un objeto de puja eleva barreras que terminan debilitando el ecosistema informativo: “El espectro no puede depender del postor con mayor poder económico. Es un recurso esencial para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a voces diversas”, apuntó.
Una postura similar expresó Martha Ramos, titular de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP. Para ella, cuando los costos de entrada resultan inaccesibles, la consecuencia inmediata es la exclusión de proyectos locales y comunitarios, piezas centrales para una democracia que aspira a incluir todas las perspectivas.
Tanto el Colegio de Periodistas de Costa Rica como el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión han advertido que el proceso carece de un enfoque que priorice el interés público. Su mayor inquietud: que estaciones con décadas de servicio deban abandonar sus transmisiones ante la imposibilidad de asumir los montos exigidos.
Estas tensiones se suman a un ambiente ya sensible. Una misión de la SIP que visitó el país a inicios de año reportó un deterioro progresivo en el clima para el ejercicio periodístico, marcado por señalamientos y presiones desde el Poder Ejecutivo, lo que, a juicio del organismo, ha generado temor, autocensura y un retroceso en los estándares que históricamente han distinguido a Costa Rica.
