Por Agencia EFE
La Sala Constitucional de Costa Rica admitió para estudio un recurso de amparo en contra de una polémica subasta de frecuencias de radio y televisión en la que no participaron diversos medios debido a que la consideran "ruinosa" y que viola la libertad de información y prensa.
La Sala Constitucional informó que el recurso lo presentó una usuaria de los servicios de radiodifusión, quien sostiene que: "el diseño de la subasta, basado principalmente en criterios económicos y con grandes diferencias regionales en los precios, podría limitar el acceso al espectro radioeléctrico a medios pequeños, comunitarios, regionales, culturales, religiosos y estatales, favoreciendo la concentración en grandes operadores".
Alega además que "afectaría el pluralismo informativo, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la igualdad, la transparencia y la continuidad del servicio, especialmente en zonas rurales o de menor rentabilidad comercial".
La subasta de frecuencias impulsada por el Gobierno y llevada a cabo por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), cuyo plazo finalizó el pasado viernes, ha sido criticada por organizaciones de libertad de prensa, líderes políticos y medio de comunicación que la consideran alejada de la realidad del país.
La Sutel informó que hubo 4 ofertas de canales de televisión, 20 a emisoras de radio FM y solo una para emisoras de radio en AM, y se estima una eventual recaudación superior a los US$9,8 millones.
En la banda de FM de 200 kHz para emisoras de cobertura nacional la subasta comenzaba en US$193.051 y en la de 400 kHz en US$386.102, mientras que para las emisoras de cobertura regional local los montos oscilaban entre los US$18.945 y los US$56.640.
La base para radios AM era de entre US$9.653 y US$28.959 dólares, y para la televisión en la banda de 6 MHz oscilaban entre los US$157.629 y US$325.044 para canales regionales, y se fijó en US$1,6 millones para canales de cobertura nacional.
El Grupo Columbia, que administra varias emisoras de radio, anunció que el monto para emisoras de alcance nacional puede subir hasta los US$2 millones debido a "requerimientos adicionales obligatorios", por lo cual no participó en la subasta.
Por su parte, el Iplex ha afirmado que este proceso "es un golpe a la libertad de expresión" y que debilita el ecosistema mediático costarricense al imponer "requisitos económicos y técnicos que solo pueden cumplir los grandes operadores".
La Cadena Radial Costarricense (CRC), que agrupa a cinco emisoras de alcance nacional, y la Cadena Musical, que aglutina a otras dos, anunciaron que no participaron en la subasta, mismo caso de otras emisoras y canales regionales del país.
El Canal 38 ¡Opa! indicó que seguirá transmitiendo pero por televisión por cable, mismo caso del canal católico Telefides.
El Partido Nueva República (Evangélico) anunció que presentó un proyecto de ley para que los medios religiosos puedan mantener sus frecuencias.
