Por: revistaeyn.com
Una nueva señal de alarma se encendió sobre la economía de Estados Unidos, esta vez desde una tribuna de alto impacto mediático y financiero.
En un artículo publicado por Fortune, el economista Steve Hanke afirmó que el Gobierno federal estadounidense ya puede ser considerado “insolvente”, a partir de la lectura de los propios estados financieros consolidados del Tesoro correspondientes al año fiscal 2025. La tesis, planteada en términos tajantes, no tardó en amplificarse en redes sociales y en el debate económico de Washington.
El punto de partida de Hanke es contable: según expone en su columna, el Gobierno de Estados Unidos cerró el ejercicio con US$6,06 billones en activos frente a US$47,78 billones en pasivos, una diferencia que, bajo una lógica de balance, mostraría un patrimonio neto fuertemente negativo.
En su interpretación, ese descalce no es una exageración retórica sino una señal directa de que las finanzas públicas estadounidenses atraviesan un nivel de deterioro mucho más severo de lo que suele reflejar la discusión política cotidiana.
Pasivos ocultos
Hanke subraya además que esa fotografía, aun siendo impactante, no incluye la totalidad del problema.
En su argumento, una parte clave del riesgo está fuera del balance principal: las obligaciones futuras vinculadas a programas sociales como Social Security y Medicare, que se informan por separado en los documentos fiscales.
Según detalla, al sumar esos compromisos de largo plazo, la carga total del Estado federal se vuelve todavía más abultada y refuerza la idea de que la situación excede por mucho el debate convencional sobre déficit anual o techo de deuda.
Uno de los ejes centrales de su advertencia es precisamente el salto de esas obligaciones futuras. Hanke remarca que los compromisos no financiados de los programas de seguro social a 75 años aumentaron con fuerza en el último ejercicio, impulsados especialmente por mayores faltantes proyectados en Medicare y por el aumento del descalce previsto en Social Security.
En su lectura, ese incremento no solo agrava el problema estructural, sino que vuelve más difícil cualquier intento de estabilización fiscal sin reformas profundas.
Falta de fiscalización
Otro elemento que utiliza para reforzar su tesis es el cuestionamiento a la calidad del control financiero del propio Estado.
En la columna recuerda que la Government Accountability Office (GAO) volvió a emitir una “disclaimer of opinion” sobre los estados financieros federales, es decir, una imposibilidad de certificar plenamente que las cuentas estén presentadas de manera adecuada.
Para Hanke, esa persistencia en los problemas de auditoría y gestión, especialmente en áreas sensibles del aparato federal, es otra evidencia de que el problema no es solo de tamaño, sino también de gobernanza fiscal.
Con el objetivo de volver más comprensible una escala de cifras que para la mayoría del público resulta abstracta, Hanke traduce el cuadro fiscal a un ejemplo de economía doméstica. Su razonamiento compara las finanzas de Washington con las de un hogar que gasta muy por encima de lo que ingresa, acumula pasivos muy superiores a sus activos y sostiene promesas futuras que no podría cubrir.
Ese recurso narrativo es central en la repercusión del artículo, porque convierte un debate técnico en una imagen mucho más fácil de circular y discutir fuera del ámbito especializado.
La advertencia de Hanke aparece, además, en un momento especialmente sensible del debate fiscal estadounidense. En las últimas semanas, distintos análisis y coberturas de Fortune y otros actores del debate presupuestario han puesto el foco en el aumento del costo de intereses, la aceleración del endeudamiento y el riesgo de una espiral en la que el costo de financiar la deuda termine creciendo más rápido que la economía. Ese telón de fondo ayuda a explicar por qué su diagnóstico encontró tanta resonancia pública.
Dónde están las salidas
Lejos de quedarse solo en la denuncia, Hanke plantea dos salidas institucionales.
La primera es el impulso de una comisión fiscal bipartidista que obligue a transparentar el problema y a discutir públicamente los costos de cualquier corrección.
La segunda, más ambiciosa, es avanzar hacia una enmienda constitucional de disciplina fiscal, inspirada en reglas como la “debt brake” suiza, para limitar el crecimiento del gasto y forzar una trayectoria presupuestaria más equilibrada a lo largo del ciclo económico.
Más allá de si su formulación es aceptada o discutida por otros economistas, lo que hoy se volvió noticia no es solo el contenido técnico de la columna, sino la contundencia de su conclusión: Hanke sostiene que la primera economía del mundo ya no enfrenta simplemente un problema de deuda creciente, sino una crisis de solvencia que, a su juicio, ya está escrita en los propios documentos oficiales del Tesoro. Y esa afirmación, por su peso político y simbólico, es la que ahora empieza a instalar una nueva conversación sobre el verdadero estado de las finanzas de Estados Unidos.
