Por: Revistaeyn.com
Guatemala resolvió una parte importante del desafío digital: llevar las redes móviles hasta donde vive la mayoría de su población. Lo que todavía no ha conseguido es que esa infraestructura se convierta en conectividad efectiva para todos.
El 95% de los guatemaltecos vive dentro del área de cobertura de una red móvil, pero el 49% de la población no utiliza internet pese a tener el servicio disponible. La distancia entre esas dos cifras expone la principal paradoja del sector: el país ha avanzado en infraestructura más rápido que en adopción.
Ese diagnóstico ocupa un lugar central en el informe Guatemala 2030: Políticas para la (r)evolución digital, elaborado por GSMA, la asociación internacional que representa a operadores móviles y compañías del ecosistema de telecomunicaciones.
El documento reconoce los progresos alcanzados durante la última década, pero advierte que la siguiente etapa será más compleja.
Guatemala necesita continuar ampliando y modernizando sus redes, reducir el costo de acceso para los usuarios y, al mismo tiempo, ofrecer a los operadores reglas suficientemente claras para comprometer capital durante períodos prolongados.
La infraestructura digital, después de todo, exige inversiones que se recuperan a lo largo de años. Cuando las normas, los derechos sobre el espectro o los permisos de despliegue pueden cambiar durante ese horizonte, también cambia la ecuación financiera de cada nueva antena.
US$3.000 millones que cambiaron el mapa digital
Los operadores de telecomunicaciones invirtieron alrededor de US$3.000 millones durante los últimos diez años en redes 4G y 5G, torres, sitios e infraestructura vinculada, según datos de la industria recopilados por GSMA.
El resultado es un mercado con 11,4 millones de suscriptores móviles únicos y en el que el 89% de las conexiones ya se realiza mediante teléfonos inteligentes.
Guatemala también fue el primer país centroamericano en lanzar servicios comerciales 5G, en 2022. Cuatro años después, la nueva tecnología alcanza aproximadamente al 40% de la población.
El país cuenta con más de 2.100 radiobases 5G, en las que se han invertido más de US$188 millones, y GSMA calcula que más de cuatro millones de personas utilizan estos servicios.
Son cifras que colocan a Guatemala entre los mercados móviles más avanzados de Centroamérica. Pero también revelan cuánto depende esa posición de que continúe el flujo de inversión privada.
Las redes móviles no son una obra que se construye una vez y queda terminada. El crecimiento del tráfico, la incorporación de usuarios, las nuevas aplicaciones empresariales y la evolución tecnológica obligan a ampliar capacidad, densificar la infraestructura y renovar equipos de manera constante.
Por ello, el verdadero desafío para 2030 no será solamente preservar la cobertura existente, sino sostener un nuevo ciclo de inversiones mientras se consigue que más personas utilicen las redes ya desplegadas.
El espectro entra en la disputa
La advertencia sobre la certidumbre jurídica tiene un contexto inmediato.
En 2023, Guatemala subastó espectro en las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz. Los procesos generaron una recaudación estimada de US$177 millones para el Estado.
De acuerdo con la legislación aprobada ese año, el 75% de esos recursos debía orientarse al Plan Nacional de Conectividad Digital. La banda de 700 MHz es especialmente valiosa para ampliar cobertura porque permite que la señal recorra mayores distancias y penetre mejor en edificios, con una menor cantidad de estaciones. Es, por tanto, un activo relevante para conectar zonas rurales y extender servicios 4G y 5G.
Sin embargo, aquella asignación está bajo revisión. El Gobierno de Bernardo Arévalo busca determinar si el precio pagado por el espectro reflejó su valor económico y si la operación pudo haber causado un perjuicio al Estado.
La discusión surgió después de cuestionamientos planteados en el Congreso y de que la actual Superintendencia de Telecomunicaciones reconociera que no había localizado los estudios técnicos utilizados para definir el precio base de la subasta.
El Ejecutivo ha intentado contratar especialistas para realizar una valoración independiente y determinar si corresponde promover una declaración de lesividad. El plazo legal para una eventual acción vencería el próximo 12 de septiembre, al cumplirse tres años de la adjudicación, según la información divulgada por el Gobierno.
GSMA sostiene que cuestionar ahora una subasta ejecutada conforme al marco legal vigente podría afectar la continuidad de los servicios, frenar la expansión de 5G y elevar la percepción de riesgo regulatorio.
“Guatemala ha demostrado que las políticas que generan incentivos para la inversión se traducen en avances concretos en conectividad. Preservar esa confianza y previsibilidad es esencial para el futuro digital del país”, afirmó Lucas Gallitto, director de GSMA para América Latina y el Caribe.
La organización representa los intereses de la industria móvil y su posición debe leerse desde ese lugar. Pero la advertencia plantea una cuestión que trasciende a los operadores: cómo puede el Estado investigar posibles irregularidades sin convertir esa revisión en una señal de que los derechos otorgados pueden perder estabilidad con cada cambio político.
Certidumbre jurídica no significa renunciar al control público ni validar automáticamente decisiones anteriores. Significa que cualquier revisión debe apoyarse en criterios técnicos transparentes, respetar el debido proceso y ofrecer una resolución clara.
Investigar y dar previsibilidad no son objetivos incompatibles; una investigación inconclusa o una decisión improvisada sí podría deteriorar ambos.
El precio del espectro no es solo recaudación
La controversia también abre un debate sobre cómo debe valorarse el espectro radioeléctrico. Para un gobierno, una subasta puede ser una fuente atractiva de ingresos fiscales. Para un operador, el precio pagado representa capital que ya no estará disponible para instalar torres, adquirir equipos o extender cobertura.
GSMA argumenta que el éxito de una política de espectro no debería medirse únicamente por cuánto recauda el Estado, sino también por la inversión y la conectividad que genera después de la adjudicación.
“El espectro es el oxígeno de los servicios móviles, pero no tiene un valor en sí mismo. El MHz de espectro no cotiza en un mercado internacional como el café o el oro”, señaló Gallitto. Su valoración, agregó, debe guardar relación con los objetivos de conectividad de cada país.
El informe sostiene que una reducción de diez puntos porcentuales en el costo del espectro respecto de los ingresos del sector puede asociarse con seis puntos porcentuales adicionales de cobertura y velocidades 8% más altas.
La relación se ha vuelto más relevante porque el negocio móvil cambió. En la última década, las facturas mensuales cayeron 38% a escala global y el ingreso obtenido por cada gigabyte se redujo 96%, mientras los operadores aumentaron 80% sus tenencias de espectro para atender el crecimiento del tráfico.
Los consumidores utilizan más datos y esperan mejores redes, pero el ingreso generado por cada unidad de capacidad disminuye. Esa dinámica obliga a encontrar un equilibrio entre la rentabilidad del Estado como propietario del recurso y la capacidad financiera de quienes deben convertirlo en infraestructura.
El problema que las antenas no pueden resolver
Aunque buena parte del informe se ocupa del espectro y de las condiciones para invertir, su hallazgo más importante quizá esté del lado de los usuarios.
Solo el 5% de la población vive fuera de la cobertura móvil. En cambio, el 49% está cubierto, pero no se conecta. Construir más infraestructura no eliminará por sí sola esa brecha de uso.
Entre las barreras aparecen el costo de los dispositivos, la falta de habilidades digitales, la escasez de contenidos relevantes y la desconfianza frente a riesgos como fraudes o uso indebido de datos personales.
La desigualdad también tiene una dimensión de género. Las mujeres guatemaltecas tienen 9% menos probabilidades que los hombres de utilizar internet móvil. El 89% de los hombres posee un teléfono móvil, frente al 80% de las mujeres; en el caso de los smartphones, la proporción es de 78% y 68%, respectivamente.
GSMA estima que cerrar la brecha digital de género podría aportar alrededor de US$1.200 millones adicionales a la economía guatemalteca durante los próximos años, mediante mayores oportunidades de educación, empleo, emprendimiento e inclusión financiera.
La cifra ilustra por qué la política digital ya no puede quedar confinada al regulador de telecomunicaciones. Reducir la brecha de uso requiere coordinación con las áreas de educación, finanzas, desarrollo social, seguridad y competencia.
Tareas para llegar a 2030
El informe formula diez recomendaciones agrupadas en dos grandes ejes.
1) Convertir la conectividad en inclusión efectiva.
2) Publicar una hoja de ruta que anticipe la disponibilidad de nuevas bandas, preservar la neutralidad tecnológica y evitar que la política de espectro responda exclusivamente a objetivos recaudatorios.
También plantea un problema cotidiano para las compañías del sector: la dispersión de permisos para instalar antenas y torres. Los requisitos cambian entre municipalidades, los costos no son homogéneos y algunos trámites pueden prolongarse durante meses o incluso superar un año.
La propuesta incluye criterios nacionales comunes, ventanillas únicas, plazos definidos y mecanismos de silencio administrativo positivo. Busca, además, eliminar regulación que no refleja la arquitectura de las redes actuales y facilitar la compartición voluntaria de infraestructura
.La última recomendación se refiere a la resiliencia. GSMA pide tratar las telecomunicaciones como infraestructura estratégica y fortalecer la respuesta frente a cortes de fibra, daños a sistemas de transmisión y otros actos de sabotaje. El informe señala que este tipo de incidentes aumentó durante los últimos dos años, incluso en áreas vinculadas con el cable submarino que conecta al país con la salida internacional por el Atlántico.
Una política digital más amplia que el 5G
Guatemala llega a esta discusión desde una posición regionalmente favorable. Tiene elevada cobertura, experiencia temprana en 5G y un volumen considerable de inversión acumulada.
Pero esas fortalezas pueden generar una falsa sensación de tarea cumplida.
La cobertura no equivale a inclusión; una señal disponible no garantiza un dispositivo asequible, conocimientos para usarlo ni confianza para realizar transacciones.
Del mismo modo, adjudicar espectro no garantiza inversión si los permisos locales, la regulación o la inseguridad física retrasan el despliegue.
La próxima fase digital del país dependerá de resolver simultáneamente esas piezas. El Gobierno debe fiscalizar el uso de un recurso público escaso y aclarar las dudas sobre la subasta de 2023.
Los operadores, por su parte, deberán demostrar que la estabilidad que reclaman se traduce en cobertura, calidad, precios accesibles e inversión verificable.
El desafío no consiste en elegir entre regulación e inversión. Consiste en diseñar reglas que hagan exigible la inversión, protejan el interés público y permanezcan suficientemente estables para que las empresas puedan planificarla. Guatemala ya consiguió que la red llegue a casi todos. Su prueba para 2030 será lograr que casi todos puedan —y quieran— utilizarla.
