Por: Revistaeyn.com
Una empresa puede operar en un entorno más seguro y, al mismo tiempo, enfrentar menores garantías judiciales.
También puede acceder a información sobre las regulaciones sin tener certeza de que esas normas se aplicarán de manera consistente.
Para quienes deciden dónde invertir, expandirse o establecer relaciones comerciales, estas diferencias importan tanto como la posición de un país en un ranking.
El Global Rule of Law and Business Dashboard 2026 permite examinar esas condiciones.
Sus resultados muestran una Centroamérica con amplias brechas: Costa Rica encabeza los seis mercados evaluados de la región, seguida -en ese orden- por Panamá; Honduras, El Salvador y Guatemala que presentan debilidades institucionales importantes. Mientras, Nicaragua registra el desempeño más bajo.
México, incluido en esta comparación elaborada por E&N, combina una fortaleza relativa en transparencia con una marcada vulnerabilidad en estabilidad.
La utilidad empresarial del tablero está en identificar qué sostiene cada resultado y dónde aparecen las mayores exposiciones: la aplicación de las leyes, la integridad de las instituciones, la resolución de controversias o el cumplimiento de las sentencias.
Quién está detrás de la medición
El estudio fue encargado por la Coalición para el Estado de Derecho en los Mercados Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, una organización de representación empresarial.
Fue elaborado por NORC de la Universidad de Chicago, en colaboración con el Rule of Law Collaborative de la Universidad de Carolina del Sur.
La precisión es relevante para comprender la perspectiva de la fuente: se trata de una iniciativa empresarial que busca medir cómo las condiciones del Estado de derecho afectan la actividad comercial y orientar el diálogo sobre reformas institucionales.
Esta sexta edición reúne información de 12 fuentes internacionales y más de 100 variables, incluidas encuestas a empresas y evaluaciones de expertos.
Evalúa 149 mercados a través de cinco pilares: transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso. Cada pilar tiene el mismo peso en la puntuación general. La escala va de cero a 100, donde una calificación más alta representa mejores condiciones en las dimensiones evaluadas.
Una región con diferencias profundas
Costa Rica obtiene 68,3 puntos y ocupa el puesto 35 mundial. Lidera los cinco pilares entre los países centroamericanos y México, con su mayor fortaleza en rendición de cuentas, que alcanza 74,9 puntos.
Panamá se ubica después, con 51 puntos y la posición 68. Presenta un perfil relativamente equilibrado: sus calificaciones por pilar oscilan entre 48,2 y 52,7 puntos. Ambos superan el promedio mundial de 50,7, aunque Panamá lo hace por un margen reducido.
Los restantes países centroamericanos evaluados quedan por debajo: Honduras alcanza 37 puntos; El Salvador, 36,8; Guatemala, 35,1; y Nicaragua, 21,1. Belice no está incluido en el tablero.
La comparación con 2021 agrega matices. Honduras registra la mayor mejora de este grupo, de 2,8 puntos, mientras Guatemala permanece prácticamente sin cambios. Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua retroceden. Estas variaciones corresponden a una serie de 2021 recalculada con el marco metodológico actualizado.
Además, el universo comparado se amplía de 127 a 149 mercados: perder posiciones en el ranking no significa necesariamente que haya disminuido la puntuación del país. Seguridad y garantías institucionales pueden avanzar a ritmos distintos.
El Salvador ilustra por qué conviene examinar los componentes del resultado. Su puntuación en estabilidad —un pilar que combina control del crimen y estabilidad política— mejora de 38,6 a 44,8 puntos entre las mediciones comparables de 2021 y 2026. Sin embargo, retrocede en los otros cuatro pilares. La caída más pronunciada aparece en rendición de cuentas, que pasa de 43,5 a 29,9 puntos.
El informe reconoce que las empresas salvadoreñas se han beneficiado de un entorno de mayor seguridad. A la vez, recoge preocupaciones sobre las garantías procesales, la transparencia de las contrataciones públicas y la independencia judicial, que pueden generar riesgos operativos.
Para una empresa, estos resultados sugieren evaluar por separado la seguridad de sus operaciones y las garantías disponibles para defender sus derechos ante una controversia.
México también presenta contrastes. Obtiene 43,5 puntos y ocupa el puesto 91 mundial, con 65,7 puntos en transparencia y apenas 24,7 en estabilidad, el resultado más bajo de los siete países seleccionados en ese pilar.
Su calificación general mejora 0,8 puntos frente a 2021, pero el promedio reúne realidades diferentes. La transparencia sobre normas e información empresarial convive con debilidades en seguridad, rendición de cuentas y debido proceso que requieren una evaluación propia.
La justicia como riesgo empresarial
El documento dedica un apartado específico a la aplicación politizada de la ley en Centroamérica.
Advierte que las debilidades en independencia judicial y control de la actuación de los fiscales pueden exponer a inversionistas nacionales y extranjeros a procesos en los que las disputas comerciales o regulatorias adquieren una dimensión penal o política.
Para Guatemala, examina actuaciones contra operadores de justicia vinculados a investigaciones anticorrupción y sus implicaciones para la igualdad ante la ley. En Nicaragua, describe reformas que, según las evaluaciones externas citadas, redujeron los contrapesos institucionales y las posibilidades de recurrir a una justicia imparcial.
El indicador de procedimientos justos e imparciales dimensiona las diferencias: Costa Rica obtiene 81,6 puntos; Panamá, 48,3; Guatemala, 33,2; Honduras, 30,3; El Salvador, 21,4; y Nicaragua, 5,4.
El promedio centroamericano mostrado en el informe es de 36,7 puntos, frente a 50,1 a escala mundial. Nicaragua ocupa el último lugar entre los 149 mercados en este indicador específico.
Desde una perspectiva empresarial, estas brechas importan cuando una compañía necesita impugnar una decisión administrativa, resolver un conflicto contractual o defenderse de una actuación arbitraria.
Cómo incorporar el tablero a las decisiones
Los resultados permiten orientar preguntas concretas antes de entrar a un mercado o ampliar una inversión: ¿se aplican las normas de forma consistente?, ¿existen mecanismos independientes para resolver disputas?, ¿las decisiones judiciales se ejecutan?, ¿qué exposición generan la corrupción o la discrecionalidad regulatoria?
También ayudan a identificar prioridades distintas. En Guatemala, el pilar más débil es la previsibilidad; en Honduras, la rendición de cuentas; en Nicaragua, el debido proceso. Incluso Costa Rica, pese a conservar el liderazgo regional, presenta retrocesos frente a 2021 en su puntuación general, previsibilidad y debido proceso.
El tablero ofrece una referencia comparativa que debe complementarse con análisis sectorial y conocimiento local. Sus autores aclaran que no cubre todos los factores del entorno empresarial, como los costos de cumplimiento regulatorio, y tampoco registra los cambios en tiempo real.
Aunque lleva la denominación 2026, utiliza principalmente información disponible hasta diciembre de 2025. Su valor para la toma de decisiones reside en hacer visibles las fortalezas y vulnerabilidades institucionales que una empresa necesita examinar antes de comprometer capital y sostener operaciones a largo plazo.
Con información del: Global Rule of Law and Business Dashboard 2026. Foundations for a Shifting Global Economy.
