POR EFE
Editores, tecnológicas y empresas emergentes europeas pidieron este lunes a las Comisión Europea (CE) que acelere y concluya la próxima semana la investigación abierta contra Alphabet, empresa matriz de Google, desde hace dos años, por un presunto favoritismo a sus propios servicios en los resultados de búsqueda.
En una carta enviada hoy por el Consejo Europeo de Editores, junto con otras 17 asociaciones, los editores y empresarios reclamaron a la Comisión una aplicación "decisiva y rápida" de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la norma antimonopolio con la que Bruselas quiere controlar el poder de mercado de las grandes plataformas, principalmente de Estados Unidos y China.
"En 10 días, la investigación por incumplimiento de la DMA contra Google cumplirá dos años, pero aún no se ha tomado una decisión. (...) El incumplimiento de la DMA no debería ser una estrategia rentable para los operadores de acceso a internet. Millones de empresas y usuarios europeos están sufriendo las consecuencias de esta situación. Se acabó el tiempo de debate", reza el escrito.
La investigación, abierta el 25 de marzo de 2024, pretende esclarecer si Google incumplió la normativa comunitaria al priorizar sus propios servicios de búsqueda en el buscador de Google frente a los de la competencia, por ejemplo, Google Shopping o Google Flights.
Para los editores firmantes, el gigante tecnológico "ha socavado la competencia leal, ha expulsado a sus competidores del mercado y ha privado a los usuarios europeos de opciones" al priorizar "sistemáticamente sus propios servicios".
"Sin una decisión antes del 25 de marzo, la credibilidad de la Comisión Europea estará en juego y es importante que no se demuestre que la presión constante para debilitar la DMA haya tenido éxito", subrayaron.
La Comisión Europea aplicó el pasado año esta normativa en sendas sanciones impuestas a tecnológicas estadounidenses, al multar a Apple con 500 millones de euros por prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones móviles, a Meta con 200 millones de euros por su antigua obligación a los usuarios a pagar una suscripción para evitar publicidad personalizada, y a X con 120 millones de euros al considerar que el sistema de pago para lograr el distintivo azul infringe en términos de transparencia la ley.
