Por revistaeyn.com
Un reciente análisis de la La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece una radiografía detallada sobre cómo perciben los latinoamericanos a sus gobiernos y qué factores influyen en esa relación, que resulta decisiva para la estabilidad y la efectividad de las políticas públicas.
El estudio, basado en la Encuesta sobre Confianza aplicada en diez países de América Latina y el Caribe durante 2023 y 2025, revela que el respaldo ciudadano sigue siendo limitado. Apenas el 35 % de los encuestados manifiesta una confianza alta o relativamente alta en el gobierno nacional, mientras que casi la mitad (48 %) expresa desconfianza o una valoración negativa.
Aunque esta tendencia guarda similitudes con lo observado en países de la OCDE, el nivel promedio de confianza en la región es más bajo y está fuertemente condicionado por cómo se perciben los procesos de toma de decisiones en temas complejos.
La inseguridad aparece como un elemento central en este escenario. Seis de cada diez personas señalan la delincuencia o la violencia como uno de los principales problemas de sus países, una proporción que duplica el promedio de las economías más desarrolladas. Este contexto erosiona la credibilidad institucional y acentúa el escepticismo hacia las autoridades, especialmente cuando las respuestas públicas son vistas como insuficientes.
INSTITUCIONES MEJOR VALORADAS
No todas las instituciones despiertan el mismo grado de confianza. Los cuerpos policiales y de seguridad suelen recibir mejores valoraciones, mientras que los parlamentos y los partidos políticos se ubican en los últimos lugares del ranking. A nivel territorial, los gobiernos locales logran una percepción más favorable que los nacionales, lo que sugiere que la cercanía con la ciudadanía puede jugar a favor de la legitimidad.
En contraste, la administración pública en su conjunto enfrenta mayores dificultades para generar respaldo, con niveles de confianza incluso inferiores a los del gobierno central.
El informe de la OCDE subraya que sentirse escuchado marca una diferencia sustancial. Entre quienes consideran que personas “como ellos” tienen influencia en las decisiones públicas, la confianza en el gobierno se dispara, mientras que cae drásticamente entre quienes se sienten excluidos. Factores como la afinidad política pesan más que variables demográficas tradicionales, y las percepciones de inseguridad económica o física tienden a profundizar la desconfianza.
Las experiencias cotidianas con el Estado también moldean la opinión pública. Si bien más de la mitad de los ciudadanos evalúa positivamente los trámites administrativos, la satisfacción disminuye cuando se trata de servicios esenciales como educación y salud.
Además, persiste la duda sobre la equidad y la integridad en el sector público: solo una minoría cree que recibiría un trato justo o que los funcionarios rechazarían sobornos. Aun así, existe una expectativa moderada de que las autoridades respondan a las quejas y mejoren los servicios.
En cuanto a la capacidad para enfrentar desafíos de largo plazo, los latinoamericanos muestran un optimismo relativo frente a temas como el equilibrio entre generaciones, pero son más críticos sobre la preparación ante emergencias y la calidad del proceso decisorio. La confianza aumenta cuando se percibe que las políticas se basan en evidencia, que hay rendición de cuentas y que el poder legislativo cumple su rol de control.
El estudio concluye que reconstruir la confianza exige mejoras tangibles en la prestación de servicios, mayor transparencia, participación efectiva y un compromiso firme con la integridad pública. En una región donde los ciudadanos confían más en los medios que en sus propios gobiernos, comunicar con claridad y fortalecer un entorno informativo saludable se vuelve tan importante como diseñar buenas políticas.
