Por revistaeyn.com - Agencia EFE
Contra el reloj. El Gobierno de El Salvador tiene hasta este 10 de febrero para difundir la propuesta de la nueva reforma de pensiones, esto según el acuerdo adoptado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo indicó este plazo en su reporte del pasado julio de 2025, pero depende del país el cumplirlo o no.
El economista salvadoreño, Carlos Acevedo, indicó a medios salvadoreños que "Cumplir con los plazos establecidos siempre es bueno para construir reputación, pero ya van varios incumplimientos de compromisos acordados y no parece que los costos reputacionales hayan sido grandes".
Calificando el área de reforma como "política de gasto", uno de los acuerdos de El Salvador con el FMI según el reporte de julio de 2025 fue "publicar una propuesta de reforma del sistema de pensiones para fortalecer la sostenibilidad del sistema y generar ahorros fiscales, incorporando las recomendaciones de la asistencia técnica del FMI".
Luego de esto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez y el ministro de Hacienda, Jerson Posada, dirigieron el 11 de junio de 2025 una carta de intención a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, acompañada del anexo I "Memorándum actualizado de políticas económicas y financieras", donde se comprometen a cumplir el plazo.
La comunicación detallaba los compromisos que asumió el gobierno de El Salvador e indicaban que "En materia de pensiones, nos comprometemos a fortalecer la viabilidad financiera del sistema de pensiones... También estamos trabajando, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, para preparar y publicar una propuesta de reforma (10 de febrero de 2026, SB) que podría entrar en vigor a mediados de 2026".
El FMI ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es "un fondo común para los afiliados de las AFP", que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.
Los recursos en mención, ha dicho el FMI, se "agotarían alrededor de 2027", por lo que advierte "es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones".
La mayor parte de los fondos de pensiones están invertidos en certificados del Estado.
La edad actual de jubilación para los salvadoreños es de 55 años (mujeres) y 60 años (hombres).
DESCONOCIMIENTO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
El periódico digital Diario El Mundo, indica que diputados de oposición desconocen si algún proyecto de reforma ha llegado a la Asamblea Legislativa.
Tampoco los oficialistas de Nuevas Ideas han publicado sobre el tema.
La deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados con descuentos a los salarios de los trabajadores saladoreños, creció un 6,8 % en 2025 y superó los US$11.241 millones acumulados, según datos del estatal Banco Central de Reserva (BCR).
La deuda total pasó de US$10.525,96 millones en diciembre de 2024 a US$11.241,13 millones a diciembre de 2025, lo que representa un incremento de US$715,17 millones.
Estos recursos, que se estarían usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990, el Gobierno los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar.
Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente US$2.846,94 millones.
A esto se añaden US$8.394,19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, a finales de 2022.
Esta reforma, según ha dicho el FMI, llevó a que el 89 % de los activos bajo la administración de las AFP, que para 2024 llegaron a US$14.900 millones, se mantengan "en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras".
