Por revistaeyn.com
La presidenta electa Laura Fernández (asume el próximo 08 de mayo) saltó al ruedo con una propuesta de alto impacto: vender el Banco de Costa Rica (BCR) para capitalizar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal sistema de pensiones de Costa Rica, que es gestionado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa reaviva el debate sobre el rol del Estado, el uso de ingresos extraordinarios y la viabilidad del modelo de bienestar en un contexto macroeconómico frágil. A todas luces, Fernández decidió empezar su ciclo político con temas que, en Costa Rica, rara vez admiten matices tibios.
Su afirmación de que impulsará la venta del BCR para “arreglar” —en sus términos— las pensiones del régimen IVM no es solo un anuncio programático; es una señal temprana de estilo y de prioridades.
En su primera conferencia de prensa tras el triunfo electoral, Fernández insistió en que pretende vender el banco “antes de que quiebre”, vinculando la urgencia a riesgos de “corrupción y eventuales malos manejos”, y planteó el objetivo explícito de capitalizar el régimen jubilatorio.
El momento elegido amplifica el impacto. El IVM atraviesa un período de alta sensibilidad pública: reportes recientes señalan que la CCSS podría verse obligada a utilizar la reserva del régimen para pagar pensiones mucho antes de lo previsto.
En particular, se ha informado que este uso —proyectado inicialmente para 2041— podría adelantarse, marcando un hito para la seguridad social del país. En otras palabras, el debate que Fernández activa no ocurre en abstracto: se da mientras se discute si el sistema previsional enfrenta un “antes y después” operativo.
En este tablero, vender un banco estatal no es un tecnicismo financiero: es un movimiento que reabre el debate sobre el modelo de Estado de bienestar y su sostenibilidad. La propuesta introduce una pregunta incómoda para un país que históricamente ha defendido instituciones públicas robustas: ¿se rescata un pilar social (pensiones) sacrificando un pilar financiero (banca pública)? Y, todavía más: ¿es una solución estructural o un alivio extraordinario?
El argumento del “shock”: capitalizar sin subir edad ni cuotas
Fernández presenta la venta como una alternativa para evitar las dos medidas típicamente más impopulares en reformas previsionales: subir la edad de retiro o aumentar cotizaciones. En una entrevista previa, incluso mencionó una cifra referencial para el BCR: “en lo mínimo... alrededor de US$1.800 millones”. Aunque ese número pertenece al discurso político —no a una valuación independiente— funciona como ancla narrativa: sugiere un “monto” capaz de dar oxígeno, al menos temporal, al régimen.
Ese enfoque tiene lógica comunicacional en un país con fatiga por ajustes y con sensibilidad creciente ante reformas que trasladan costos directamente a la población. También instala un marco de gestión: decisiones rápidas, de alto impacto, con vocación de “romper” tabúes. Si la presidenta electa además sostiene que contará con una mayoría legislativa amplia para empujar su agenda, el mensaje es doble: intención + capacidad.
Pero el argumento del shock también abre flancos: ¿cuánto tiempo “compra” esa capitalización? ¿Qué condiciones la acompañan? Y, sobre todo, ¿qué se pierde al convertir un activo estratégico en liquidez?
Voces de oposición y crítica
Las reacciones adversas se agrupan en tres ejes: fiscal-social, institucional y de proceso.
En el plano político, el PLN, a través de su secretario general Miguel Guillén, calificó como “profundamente irresponsable” la venta del BCR y advirtió consecuencias fiscales y sociales, alertando sobre efectos de largo plazo para el Estado. Desde esta perspectiva, vender un banco público no solo reduce patrimonio estatal, sino que puede debilitar capacidades de política pública y abrir riesgos asociados a privatizaciones (desde subvaloraciones hasta impactos distributivos).
Desde el ámbito laboral y social, la oposición sindical del BCR ha sido consistente en rechazar la privatización, enfatizando el rol del banco en inclusión financiera y su función como pieza del ecosistema público. Aunque el debate suele polarizarse, aquí hay un punto con carga real: en países con desigualdades territoriales, los bancos públicos suelen operar también como infraestructura de acceso.
Y en el plano técnico, aparece el “talón de Aquiles” de muchas soluciones basadas en ventas: el dilema ingreso extraordinario vs. flujos permanentes. En el debate costarricense, esto se traduce en una pregunta clave: ¿qué pasa con los aportes, dividendos o contribuciones parafiscales asociados históricamente a la operación del banco? En discusiones previas sobre venta del BCR, se advirtió que algunos aportes vinculados al banco podían quedar “en el aire” si no se definía un mecanismo de sustitución.
El centro del debate financiero: “one-off” no reemplaza sostenibilidad
El punto más sensible no es la consigna política (“vendo para salvar pensiones”), sino la ingeniería detrás: cómo se estructura la operación y qué se garantiza después.
Algunos análisis sostienen que una venta podría representar entre 2,7% y 3% del PIB en ingresos, una cifra relevante para cualquier discusión fiscal o previsional. Pero esos recursos, por definición, son no recurrentes. Si el IVM enfrenta presiones estructurales —demografía, densidad de cotización, aportes estatales, dinámica del mercado laboral—, un ingreso extraordinario puede aliviar, pero no reemplaza la sostenibilidad de largo plazo.
Aquí se juega el verdadero “paradigma” que Fernández parece dispuesta a desafiar: en lugar de un ajuste gradual y distribuido en el tiempo, propone un acto de conversión patrimonial. Para los defensores, eso significa pragmatismo: proteger a cotizantes actuales sin subir costos directos. Para los críticos, es “pan para hoy y hambre para mañana”: se vende un activo generador (y estratégico) para financiar obligaciones que seguirán existiendo.
Señales de estilo: la primera prueba del mandato
Si algo queda claro es que Fernández eligió un “primer tema” que funciona como barómetro: mide su capacidad de imponer agenda, ordenar coaliciones, y sostener legitimidad social frente a un cambio que toca símbolos del Estado costarricense.
El desenlace no dependerá solo de la voluntad política. Para que esta propuesta sea tomada en serio por mercados, banca, organismos y actores institucionales, haría falta claridad en al menos cinco puntos: valuación y modalidad de venta, uso y gobernanza de los recursos, mecanismo de sostenibilidad del IVM post-capitalización, sustitución de flujos permanentes asociados al banco, y gestión de riesgos reputacionales.
Por ahora, el país entra a 2026 con una certeza: la presidenta electa decidió que su mandato no iniciará administrando la inercia, sino disputando el corazón del modelo. Y en Costa Rica, pocas discusiones son tan sensibles —y tan definitorias— como la que cruza pensiones, banca pública y sostenibilidad fiscal.
Análisis E&N, con información de Semanario Universidad, La República, El Mundo CR, CRHoy y análisis sobre el régimen IVM y la CCSS publicados por consultoras externas.
