Por Agencia EFE
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (Fespad) de El Salvador aseguró que el incremento al salario mínimo del 12 % propuesto por el presidente Nayib Bukele representa un "avance", pero es "insuficiente".
"Aunque esta medida representa un paso positivo, no logra responder de manera efectiva a las necesidades de la población trabajadora", indicó Fespad en un boletín de prensa.
La organización no gubernamental analizó que "todo incremento salarial es importante, sin embargo, este debe orientarse a satisfacer las necesidades básicas del hogar de la trabajadora y el trabajador en aspectos materiales, morales y culturales".
"Los últimos dos aumentos al salario mínimo en El Salvador han sido mayores que el propuesto por el Gobierno. En comparación, la propuesta de incremento del 12 %, hecha recientemente, es menor que el registrado en 2021, cuando se aumentó un 20 % para todos los sectores por igual", de acuerdo con Fespad.
Según los cálculos de la organización, el salario mínimo más bajo sería de US$272,68, correspondiente al sector agropecuario, pesca, otras actividades agrícolas y recolección de café, mientras que el más alto sería de US$408 para comercio, servicios, industria, ingenios azucareros y otras actividades de agroindustria.
Fespad indicó que, de darse el aumento, "la posición del país en relación con el resto de Centroamérica en cuanto al salario mínimo sería la más baja".
Bukele anunció la pasada semana en X que envió la propuesta del aumento al salario al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aplicarse desde junio próximo en los sectores de maquila, industria, agricultura y servicios, que tienen salarios diferenciados.
Sin embargo, esta propuesta se queda alejada de la solicitud de algunos sectores de los trabajadores de elevarlo hasta los US$600 para alcanzar a cubrir la canasta básica y otros servicios esenciales, mientras que analistas señalan que debería ser de US$900.
El presidente Bukele dijo en la toma de posesión de su segundo mandato consecutivo en junio pasado, pese a que lo prohíbe la Constitución, que buscaría en este quinquenio "sanar" la economía tras vencer al "cáncer" de las pandillas.
