Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
A menos de una semana antes de las elecciones generales del 1 de febrero, la escena política costarricense muestra una clara ventaja para la candidata del partido gobernante, Laura Fernández, que se presenta por la centroderecha del gobernante el Partido Pueblo Soberano (PPSO) con el apoyo del presidente saliente, Rodrigo Chaves.
Las encuestas situaban a Fernández consistentemente por encima del umbral del 40 % de intención de voto (una condición necesaria para evitar una segunda vuelta) y muy por encima de Álvaro Ramos, el candidato de centroizquierda del Partido de la Liberación Nacional (PLN) con un promedio de 7 % de intención de votos.
Esta actuación consolida la estrategia de continuidad del proyecto político de Chaves, quien, tras la suspensión de su partido original (PPSD), promovió la candidatura de Fernández desde una nueva plataforma.
La seguridad se ha convertido en el tema dominante de la campaña, tras un tercer año consecutivo de altos niveles de homicidios, con 865 asesinatos en 2025 (16,1 por cada 100.000 habitantes), casi igualando las cifras de 2024 y una percepción pública marcadamente negativa,
La ola de violencia en Costa Rica persiste, situándola como el segundo país más violento de Centroamérica, por debajo de Honduras (21,5 por cada 100.000 habitantes) y al nivel de Guatemala (16,1 por cada 100.000 habitantes), desplazando otros temas de la agenda electoral como la economía.
Según un análisis de Grupo EMFI, a diferencia de la administración de Chaves, el próximo ejecutivo probablemente tendrá un Congreso más alineado, lo que reduciría el riesgo de parálisis institucional y facilitaría la aprobación de reformas y financiación externa pendientes en el periodo actual.
"La agenda del nuevo gobierno estará dominada por la seguridad pública, con prioridad en la implementación de la prisión de alta seguridad, el fortalecimiento policial y la cooperación regional contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, las reformas en empleo público, gestión del gasto y simplificación regulatoria podrían reanudarse, ahora con mayor viabilidad política", señala Grupo EMFI.
RIESGO POLÍTICO
Sin embargo, el principal riesgo político en este escenario es que una mayor gobernanza formal irá acompañada de menos fricciones institucionales, lo que podría debilitar los mecanismos tradicionales de control y deliberación.
En un entorno marcado por la presión social ante la inseguridad, el poder ejecutivo podría encontrar un amplio apoyo para políticas excepcionales o la ampliación de poderes, lo que abriría debates sobre el equilibrio entre la eficacia estatal y las garantías legales. "Así, el próximo gobierno se enfrentará al reto de traducir la demanda pública de orden en políticas sostenibles, sin erosionar los contrapesos que históricamente han distinguido al sistema institucional costarricense", indica Grupo EMFI.
Una administración Fernández heredaría "cinco años de consolidación fiscal y crecimiento sostenido, sustentados por el sólido desempeño de las zonas francas y una sólida inversión extranjera directa". Bajo la línea base, Grupo EMFI proyecta un superávit primario del 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), un déficit global del 3,5 % del PIB y un crecimiento real del PIB del 4,4 % en 2026.
Este escenario probablemente también implicaría tensiones continuas con el poder judicial y un mayor enfoque en la seguridad pública.
Incluso si el partido gobernante no logra mantener el poder, una victoria de la oposición no supondría riesgos considerables. Los principales contendientes, entre ellos Álvaro Ramos (PLN) y Claudia Dobles (PAC), operan dentro del mismo marco macroeconómico e institucional amplio. Cabe destacar que la Regla Fiscal no fue introducida bajo Chaves, sino por el PAC con el apoyo del PLN y el PUSC, subrayando el compromiso multipartidista con la disciplina fiscal.
Durante el segundo trimestre de 2025, el perfil crediticio de Costa Rica se consolidó aún más dentro de la categoría 'BB'. Tanto S&P Global Ratings como Moody's han elevado el soberano a BB y Ba2, respectivamente, mientras que Fitch Ratings sigue siendo la agencia más optimista, manteniendo una perspectiva positiva (S&P y Moody's asignan perspectivas estables), lo que apunta a la posibilidad de una mejora a corto y medio plazo. Dicho esto, los mercados parecen haber valorado en gran medida esta mejora, con los rendimientos de Costa Rica cotizando por debajo de la mediana de los pares soberanos con mejor valoración.
Los mercados se han mantenido relativamente estables a pesar de las próximas elecciones. El Z-spread se ha ajustado de 158 puntos básicos a finales de noviembre a actualmente 112 puntos básicos, ampliando su tendencia descendente a largo plazo en medio de una confianza sostenida en los fundamentos económicos y la fortaleza institucional de Costa Rica, en línea con las evaluaciones de las agencias de calificación.
