Elecciones Costa Rica: ¿Cuál es la agenda crítica que condicionará al próximo gobierno?

Por revistaeyn.com

De cara a las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026, Costa Rica entra en la recta final de la campaña con una particularidad que la distingue de ciclos anteriores: la agenda pública ya está claramente definida por la ciudadanía.

A diferencia de otros momentos de polarización ideológica o de debates centrados en modelos económicos, hoy el electorado costarricense parece organizar sus prioridades alrededor de un conjunto concreto de problemas que atraviesan la vida cotidiana, la gobernabilidad y la percepción de futuro del país.

Los estudios de opinión pública más recientes —elaborados por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, y los análisis del Programa Estado de la Nación (PEN–CONARE) apoyados en el Barómetro de las Américas— coinciden en un punto fundamental: la seguridad ciudadana se ha convertido en el principal eje de preocupación nacional, seguida por la gobernanza, la corrupción y la capacidad del Estado para responder de forma eficaz.

Este artículo sistematiza la evidencia de estas fuentes académicas para responder una pregunta clave, relevante no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica: ¿Cuál es la agenda de problemas que el próximo gobierno costarricense deberá enfrentar desde el primer día?

SEGURIDAD: el eje dominante de la agenda pública

La seguridad, el crimen y la convivencia ciudadana se han consolidado como el problema central en la percepción social. El estudio de IDESPO-UNA de octubre de 2025 muestra que 53,5% de las personas identifica la seguridad como el principal problema nacional, una cifra que no deja dudas sobre su centralidad. El CIEP-UCR, en su medición de septiembre de 2025, confirma esta tendencia: 45% de las personas señala la inseguridad y la delincuencia como el mayor problema del país.

Este consenso entre dos instituciones académicas independientes es relevante, porque refleja no una coyuntura mediática, sino una reconfiguración profunda de la agenda ciudadana. Durante buena parte de las últimas décadas, Costa Rica había mantenido niveles relativamente bajos de preocupación por la seguridad en comparación con otros países de la región. Hoy, ese diferencial se ha erosionado.

El Programa Estado de la Nación, apoyándose en la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSCR) 2022 y en el Barómetro de las Américas 2023, aporta el contexto estructural de esta percepción: un aumento sostenido de la violencia, particularmente de los homicidios, y una mayor exposición de la población a distintas formas de victimización. En 2023, la inseguridad percibida alcanza uno de sus puntos más altos desde 2006, alineándose con un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado.

Para el próximo gobierno, la seguridad no será simplemente una política pública más, sino el principal criterio de evaluación de su gestión. La forma en que se aborde —desde el control territorial y la acción policial hasta la prevención social y la política penitenciaria— tendrá impactos directos en la estabilidad política, el clima de inversión y la imagen internacional del país.

Si la seguridad domina la agenda, la gobernanza y la corrupción conforman el segundo gran eje de preocupación. En el estudio de IDESPO, el conjunto de problemas asociados a “gobernanza, gestión política y corrupción” alcanza 26,4%, ubicándose claramente en segundo lugar. El CIEP, por su parte, identifica la corrupción como el segundo problema nacional con 15,5%.

Más allá de las diferencias metodológicas, ambas mediciones apuntan a una misma conclusión: existe una percepción extendida de debilidad institucional y de falta de capacidad del aparato estatal para responder a los desafíos del país. La corrupción aparece no solo como un problema ético, sino como un factor que erosiona la eficacia del Estado y la confianza ciudadana.

Para una audiencia empresarial y regional, este punto es especialmente relevante. La gobernanza deficiente incrementa los costos de transacción, reduce la previsibilidad regulatoria y afecta la competitividad. En el caso costarricense, el mensaje de la ciudadanía es claro: sin mejoras en transparencia, rendición de cuentas y capacidad de gestión, cualquier política sectorial —incluida la de seguridad— tendrá resultados limitados.

Uno de los hallazgos más significativos de los estudios del CIEP y de IDESPO es que la percepción de deterioro del rumbo del país supera la evaluación puntual de políticas públicas. Según el CIEP, 67% de las personas considera que la seguridad está peor que hace 12 meses. Esta percepción negativa se refuerza cuando se analizan las evaluaciones por área: en el estudio de IDESPO, la seguridad ciudadana obtiene uno de los puntajes más bajos, con 5,26 sobre 10.

El Barómetro de las Américas, analizado por el PEN–CONARE, aporta una perspectiva de largo plazo: los niveles de inseguridad percibida en 2023 se ubican entre los más altos de las últimas dos décadas. Además, la victimización por delitos no violentos alcanza alrededor del 22%, reforzando la sensación de vulnerabilidad cotidiana.

Este conjunto de datos permite sostener una lectura clave para el análisis político: no se trata únicamente de resultados objetivos, sino de un clima de opinión marcado por la desconfianza y la sensación de pérdida de control. En este contexto, el margen para políticas graduales o de impacto diferido se reduce considerablemente.

ECONOMÍA: un “piso de estabilidad”, no de entusiasmo

A diferencia de otros momentos históricos, la economía no lidera la agenda de preocupaciones, aunque sigue siendo un factor relevante. En la medición del CIEP, el costo de la vida y la situación económica aparecen en un tercer nivel de menciones, mientras que en el estudio de IDESPO la gestión económica del gobierno recibe una evaluación relativamente mejor que otras áreas, con 6,74 sobre 10.

Este dato es clave para interpretar el clima social: la economía no es hoy el principal detonante del malestar, pero sí actúa como un condicionante de fondo. En otras palabras, la estabilidad macroeconómica —o la percepción de que la economía “no va mal”— no es suficiente para compensar la preocupación por la inseguridad y la gobernanza.

Para el sector empresarial y los inversionistas, esto implica que los logros económicos del próximo gobierno difícilmente serán reconocidos si no van acompañados de avances visibles en seguridad y capacidad estatal. La economía funciona como un “piso” necesario, pero no como un factor movilizador de apoyo político.

Aunque la pobreza y el empleo no siempre encabezan las menciones espontáneas en las encuestas, aparecen con claridad en la evaluación del desempeño estatal. En el estudio de IDESPO, el combate a la pobreza obtiene uno de los puntajes más bajos, con 5,68 sobre 10.

El análisis del PEN–CONARE refuerza esta lectura al vincular la vulnerabilidad social con la percepción de inseguridad y la victimización. Desde esta perspectiva, la pobreza no es solo un problema social, sino un factor estructural que alimenta otros problemas prioritarios, especialmente en territorios con menor presencia institucional.

Los datos son consistentes y convergentes: el próximo gobierno de Costa Rica no elegirá su agenda; la agenda ya ha sido definida por la ciudadanía. Seguridad, gobernanza y confianza estatal serán los ejes sobre los cuales se medirá su desempeño desde los primeros meses de gestión.

Para un país que históricamente ha sido visto como una excepción positiva en Centroamérica, la elección de 2026 marcará un punto de inflexión. La capacidad de responder a esta agenda no solo determinará la estabilidad interna, sino también el lugar que Costa Rica ocupará en el mapa político y económico de la región en los próximos años.