Por: Revistaeyn.com
1) Choque abierto del Ejecutivo con los árbitros institucionales (TSE, Justicia, Fiscalía y Contraloría).
Una señal de deterioro democrático no es solo la debilidad institucional, sino la normalización del conflicto del Ejecutivo con los contrapesos. Organizaciones y analistas han documentado que el presidente Rodrigo Chaves ha sostenido un enfrentamiento persistente con instituciones de control (TSE, Corte, Fiscalía, Asamblea), que el oficialismo presenta como “obstáculos” para gobernar.
El episodio de fines de octubre de 2025 fue inédito: magistrados del TSE realizaron un pronunciamiento público inusual advirtiendo sobre afectación a la estabilidad política.
2) La disputa por la “beligerancia política” y la tensión sobre reglas electorales.
En democracias consolidadas, el respeto a las reglas del juego electoral es central. En Costa Rica, el conflicto escaló por denuncias de intervención electoral (beligerancia política) atribuidas al Presidente. El TSE solicitó el levantamiento de la inmunidad presidencial para que se investiguen presuntas violaciones a la prohibición de favorecer candidaturas desde el Ejecutivo.
Independientemente del resultado judicial, el punto político es el daño: la campaña llega con desconfianza y acusaciones cruzadas sobre la imparcialidad del árbitro electoral, algo históricamente raro en el país.
3) Polarización y degradación del debate público.
Varios observatorios describen un clima de polarización “azuzado” desde la cima del poder, con ataques verbales a instituciones y medios, y una conversación pública cada vez más confrontativa.
En términos democráticos, el riesgo no siempre es un quiebre abrupto, sino el desgaste gradual: banalización de la deliberación, sospecha permanente sobre el adversario y erosión de la confianza en las reglas.
4) Crimen organizado y “narcoestatización”: cuando la seguridad empieza a capturar la agenda política.
El salto de la violencia y la expansión de redes criminales cambiaron el eje del debate. La criminóloga Tania Molina Rojas advierte que el crimen organizado transnacional busca penetrar instituciones y que Costa Rica dejó de ser “excepcional” dentro del corredor regional (Panamá–México/Caribe).
En este marco, la seguridad ya no es solo un tema de política pública: se convierte en un factor que tensiona el Estado de Derecho, por presión social para “resultados rápidos” y por el riesgo de infiltración del dinero ilícito en estructuras estatales y campañas.
5) La tentación del “populismo punitivo” y las salidas de excepción.
Cuando la inseguridad se dispara, suele crecer el apoyo a estrategias de mano dura, incluso si rozan límites institucionales. En Costa Rica, el debate se reconfiguró con el modelo carcelario tipo “megaprisión” y la cooperación/imitación de esquemas regionales.
El punto de fondo: en contextos de miedo social, se vuelven políticamente viables propuestas que tensionan garantías, controles y derechos, lo que eleva el riesgo democrático si no existen consensos y fiscalización sólida.
6) Corrupción, acusaciones y deterioro de la confianza.
La desconfianza también se alimenta de casos de corrupción y acusaciones que golpean al sistema político. La Corte Suprema llegó a solicitar el levantamiento del fuero del Presidente Chaves para permitir un juicio por presunta corrupción.
7) Desigualdad y “fatiga del contrato social”.
Una democracia no se erosiona solo por choques institucionales: también por fracturas sociales. El Programa Estado de la Nación viene documentando desafíos persistentes en desarrollo humano, equidad e integración social, y su vínculo con tensiones políticas y electorales.
Esa combinación —desigualdad, inseguridad y servicios públicos tensionados— crea terreno fértil para discursos antisistema y para soluciones “de fuerza”, debilitando la cultura democrática, incluso si las instituciones formales se mantienen.
8) Abstencionismo récord y fragmentación política: una oferta de 20 candidaturas.
La erosión también se mide en participación. En la elección de 2022, el abstencionismo en primera ronda fue históricamente alto (40,65% según reportes basados en datos del TSE).
De cara a 2026, la oferta presidencial llega atomizada en 20 aspirantes, un síntoma de fragmentación y de pérdida de anclajes partidarios, reportado por medios nacionales y reflejado en la conversación pública previa a la inscripción electoral.
“SEÑALES DE ALERTA” SE MULTIPLICAN
Los índices internacionales aún colocan a Costa Rica en posiciones altas en libertades políticas y civiles (Freedom House la mantiene como “Free”), pero el propio debate nacional se concentra en banderas rojas: legitimidad institucional, convivencia democrática, seguridad, corrupción y respeto a las reglas electorales.
En síntesis: más que un quiebre repentino, Costa Rica enfrenta un proceso de desgaste donde seguridad, polarización y desconfianza están erosionando los pilares que la hicieron excepcional.
Fuentes consultadas:
-Transparencia Electoral. Costa Rica ¿una democracia en peligro?
-Semanario UNIVERSIDAD (Costa Rica) Tania Molina Rojas. “El crimen organizado va por la democracia de Costa Rica”
- Vladimir de la Cruz de Lemos. La democracia de Costa Rica en peligro de extinción.
- Agenda Estado de Derecho. Mayren Vargas Araya . ¿Por qué está en riesgo la democracia costarricense?
- Freedom House. Freedom in the World: Costa Rica
- Programa Estado de la Nación (Costa Rica)
