Por Agencia EFE
Guatemala inició el proceso para la renovación de los cinco magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, que estará a cargo de los comicios generales programados para 2027.
Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo 20 de marzo para un período de seis años, por lo que tendrán bajo su mandato también la realización de las elecciones en 2031.
El proceso empezó con el voto de miles de abogados y licenciados de diversas ciencias sociales para designar a sus representantes en una comisión de postulación, compuesta también por el rector de la Universidad de San Carlos (estatal) y de las universidades privadas.
Dicha comisión se encargará de elaborar un listado de 20 candidatos para que sea el Congreso el que elija a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes para componer el Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032.
El domingo por la noche, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, resaltó la importancia de la designación del Tribunal Supremo Electoral, al igual que de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que también se lleva a cabo en el primer trimestre del año.
En un mensaje divulgado en cadena nacional, Arévalo de León calificó como "crucial" el año 2026 por los procesos "decisivos" para "elegir nuevas autoridades".
De igual manera, el mandatario recordó que este año también le tocará al mismo gobernante elegir al nuevo fiscal general en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.
"Este proceso es un enorme reto para nuestra democracia, ya que quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones", expuso el gobernante.
"Sin embargo, este momento histórico nos ofrece una oportunidad única a las guatemaltecas y guatemaltecos honestos para frenar esta amenaza", añadió.
Según expertos, estas designaciones, al igual que la del nuevo fiscal general, que recaerá en manos del presidente en mayo próximo, son trascendentales para la lucha contra la corrupción en Guatemala.
