Por revistaeyn.com
La administración de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una nueva y delicada controversia que vuelve a poner en el centro del debate los estándares éticos de su gobierno.
Esta semana se conoció que el exministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, adquirió en 2024 una propiedad valuada en R$ 9,4 millones que pertenecía a un empresario investigado por la Policía Federal por evasión fiscal multimillonaria y presuntos vínculos con el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización narco de Brasil.
La revelación se produce en un contexto especialmente sensible para el Palacio del Planalto, atravesado por acusaciones de corrupción, investigaciones judiciales de alto impacto y tensiones diplomáticas con Estados Unidos.
Una compra bajo sospecha
Según informó el diario Estadão, la operación se concretó en marzo de 2024 —apenas un mes después de que Lewandowski asumiera como ministro de Justicia— mediante la empresa Eryal Empreendimentos e Participações, una firma familiar administrada junto a sus hijos.
El inmueble, una residencia de lujo de 777 metros cuadrados ubicada en una urbanización cerrada en el sur de São Paulo, pertenecía a Alan de Souza Yang, conocido como “China”. Al momento de la transacción, el empresario ya había sido condenado por adulteración de combustibles y estaba bajo investigación por evasión fiscal en el sector de gasolineras.
En 2025, Yang pasó a ser formalmente investigado en el marco de la Operación Carbono Oculto, una megacausa que indaga una trama de lavado de dinero y evasión fiscal estimada en R$ 52.000 millones, con ramificaciones en el PCC. La investigación fue iniciada, paradójicamente, durante la gestión de Lewandowski al frente del Ministerio de Justicia .
El exministro sostuvo que actuó “de buena fe”, aseguró no haber tenido contacto previo con los vendedores y afirmó que toda la documentación de la propiedad estaba en regla y bajo secreto judicial al momento de la compra.
La señal de Estados Unidos
El caso cobra mayor relevancia al ser puesto en perspectiva internacional. Estados Unidos revocó la visa de Lewandowski, una decisión que el presidente Lula había calificado públicamente como “irresponsable” y “una afrenta a la soberanía brasileña”.
Washington había adoptado la medida en el marco de un endurecimiento de su política hacia Brasil, que incluyó aranceles punitivos, sanciones financieras y restricciones migratorias a altos funcionarios, en respuesta, inicialmente, al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado.
En ese contexto, Lula expresó su “solidaridad” con Lewandowski y denunció una ofensiva política de la administración de Donald Trump contra magistrados y funcionarios brasileños.
Un clima enrarecido
El episodio se suma a un clima político ya cargado por graves denuncias de corrupción. Entre ellas destaca el llamado caso Master-Gate, que investiga lo que podría convertirse en el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, con un impacto potencial sistémico sobre el mercado y las instituciones.
A esto se agrega un hecho políticamente inusual: el propio Lula reconoció públicamente que si su hijo estuviera involucrado en un caso de corrupción “tendrá que pagar el precio”, en referencia a investigaciones en curso que involucran a su entorno familiar.
La declaración, lejos de cerrar el tema, puso de relieve la fragilidad del discurso anticorrupción del Gobierno, especialmente en un país marcado por el trauma institucional de los escándalos que sacudieron a administraciones anteriores, incluido el propio Partido de los Trabajadores.
Impacto político y económico
Para analistas políticos y del sector privado, la acumulación de estos episodios genera incertidumbre institucional, en un momento en que el Gobierno intenta recomponer la confianza de inversores y empresarios, tanto a nivel local como internacional.
No es casual que, en paralelo a estas revelaciones, el Ejecutivo haya intensificado el diálogo con el sector privado brasileño y estadounidense, buscando apoyo frente a la escalada de tensiones comerciales con Washington .
Un patrón que vuelve a preocupar
Si bien el Gobierno de Lula rechaza cualquier comparación con escándalos del pasado, los hechos recientes vuelven a instalar una pregunta incómoda en la agenda pública:
¿Se trata de episodios aislados o de señales de un deterioro más profundo en los estándares éticos del poder?
Por ahora, lo cierto es que las nubes negras sobre la administración Lula se acumulan, y cada nueva revelación no solo erosiona el capital político del presidente, sino que también alimenta la desconfianza en un momento clave para la economía y la credibilidad internacional de Brasil.
