Por: revistaeyn.com / Agencias
Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, órgano independiente creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alerta sobre la existencia de una estructura transnacional de vigilancia y persecución política dirigida contra nicaragüenses que viven en el exilio.
Según el documento, presentado esta semana y que será debatido el 16 de marzo en Ginebra, el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo habría construido una red institucional que utiliza organismos del Estado, misiones diplomáticas y estructuras partidarias para monitorear, intimidar e incluso atacar a opositores fuera del país.
El informe describe lo que denomina una “extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia”, diseñada para seguir de cerca a críticos del gobierno en distintos países, afectando potencialmente a cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero.
El alcance del aparato estatal
De acuerdo con el informe, la red estaría integrada por diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ejército, la Policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas, que funcionarían de manera coordinada en tareas de vigilancia política.
Para Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos de la ONU, el sistema de represión descrito por la investigación muestra un patrón estructural.
“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua”, afirmó Simon al presentar los hallazgos del informe.
El experto añadió que “la persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras” para impedir que la oposición desafíe al régimen.
Exilio, nacionalidad y presión política
El informe también detalla medidas que han afectado directamente a la diáspora nicaragüense.
Según los expertos, al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad, mientras que miles más enfrentan una situación de apatridia de facto debido a la negativa de las autoridades a renovar documentos o permitir su regreso al país.
Estas prácticas forman parte de una estrategia más amplia que, según la investigación, busca desarticular la oposición política incluso fuera del territorio nacional.
En algunos casos, los expertos documentaron asesinatos o intentos de asesinato contra críticos del gobierno en el exilio, incluido el homicidio en 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y opositor Roberto Samcam.
Fondos públicos y estructura paralela
Otro hallazgo relevante del informe es el presunto uso de recursos públicos para financiar el aparato de persecución política.
Según los expertos, desde las protestas de 2018 —reprimidas violentamente por el gobierno— fondos estatales habrían sido desviados para sostener una estructura paralela dentro del partido gobernante destinada a coordinar acciones represivas.
Para el jurista Reed Brody, miembro del grupo investigador, el desvío de recursos estatales está directamente vinculado con las violaciones de derechos humanos documentadas.
“El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, afirmó el experto.
Un fenómeno que impacta a la diáspora
Desde la crisis política iniciada en 2018, decenas de miles de nicaragüenses han abandonado el país, formando comunidades significativas en Estados Unidos, Costa Rica y otros países de Centroamérica.
Para la diáspora —integrada por empresarios, académicos, estudiantes, periodistas y líderes políticos— el informe de la ONU confirma una preocupación que ha crecido en los últimos años: la expansión del control político más allá de las fronteras nacionales.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene el mandato de investigar abusos cometidos desde las protestas de abril de 2018, cuando la represión estatal dejó cientos de muertos y abrió una crisis política que aún continúa.
Un informe con implicaciones internacionales
La presentación formal del informe ante el Consejo de Derechos Humanos podría tener repercusiones diplomáticas y jurídicas, ya que los hallazgos forman parte del esfuerzo internacional por documentar posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Para muchos observadores, el documento también refleja una tendencia más amplia en regímenes autoritarios contemporáneos: la extensión de la represión política hacia el exterior, dirigida contra comunidades en el exilio.
En el caso de Nicaragua, el informe sugiere que el conflicto político ya no se limita al territorio nacional, sino que se ha proyectado hacia la diáspora nicaragüense dispersa por América y Europa.
