Por Agencia EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió que persiste una estrategia para desestabilizar su Gobierno, con intentos de golpe de Estado y procesos "espurios" impulsados por "actores corruptos" liderados por la fiscal general, María Consuelo Porras.
"Sabemos que los intentos de atentar contra la democracia son continuos, están desesperados, el tiempo se les agota porque los corruptos van de salida", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.
Porras, quien ha sido sancionada por la Unión Europea y Estados por corrupción y a quien se señala de perseguir por razones políticas a Arévalo, saldrá del cargo de fiscal general el próximo 16 de mayo, cuando culmina su período, y el presidente guatemalteco deberá nombrar a su sucesor.
"Existe una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones de este Gobierno", que está impulsada por quienes "no quieren que la corrupción se acabe", dijo Árevalo.
Estos sectores han recibido un "duro golpe" esta semana, cuando el máximo tribunal del país reafirmó que los resultados electorales de 2023 “no pueden anularse”, recalcó el presidente.
La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el miércoles una resolución que anuló una controvertida resolución del juez penal, Fredy Orellana, que buscaba declarar vacante el cargo de presidente.
El máximo órgano constitucional advirtió además al juez que evite nuevas acciones que constituyan "prevaricato", comentó el mandatario, al saludar la resolución que le garantiza la continuación en el poder.
INTENTO DE GOLPE
Arévalo afirmó que "no fue en vano" el llamamiento que hizo el domingo por cadena nacional, cuando denunció otro el intento de golpe de Estado encabezado por Porras y Orellana, y exhortó a la comunidad internacional a "seguir alerta para evitar que los intentos antidemocráticos avancen en Guatemala".
"Cada uno de los casos a los que les están dando relevancia son casos espurios y forman parte de la estrategia de desestabilización", sostuvo.
A su juicio, es "positivo" que la Corte Suprema de Justicia dé trámite al proceso para conocer si es procedente la destitución del juez Orellana, como lo solicitó el domingo por considerarlo "un prevaricador".
"A nuestro juicio es procedente su destitución (porque) las pruebas son claras", aseguró el mandatario.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó la legitimidad democrática del Gobierno de Guatemala durante una sesión extraordinaria en la que el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, denunció un caso de 'lawfare' contra su Gobierno.
"Nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público (Fiscalía) y de juzgados cooptados que tienen como objetivo crear una crisis política y jugar a un proceso de desestabilización del Gobierno", aseguró el canciller guatemalteco en sede de la OEA en Washington.
Martínez denunció, como hizo previamente su presidente, Bernardo Arévalo de León, intentos de golpe de Estado en su contra por parte de miembros de la justicia sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos.
"En los últimos días se han realizado una serie de actuaciones arbitrarias e ilegítimas por parte de operadores del sistema de justicia, de jueces y del Ministerio Público, orientadas a distorsionar los resultados de las elecciones generales del 2023, a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y a forzar la destitución de autoridades legítimamente electas por el pueblo guatemalteco, incluyendo diputadas, diputados, alcaldes, la vicepresidenta y el propio presidente de la República", aseguró.
El secretario general de la organización, Albert Ramdin, defendió el "ejercicio de derechos democráticos" que el pueblo de Guatemala llevó a cabo cuando eligió a su presidente.
"Esa decisión democrática, en nuestra opinión, y como muchos de ustedes han señalado aquí hoy, debe ser respetada por todos los actores. La reciente opinión de la Corte de Constitucionalidad no deja lugar a dudas ni a incertidumbres con respecto a la legitimidad del presidente en ejercicio y del Gobierno. Por lo tanto, cualquier intento de socavar este mandato afecta no solo a la estabilidad de Guatemala, sino también a los valores democráticos que defendemos colectivamente en el hemisferio", afirmó Ramdin.
