Por revistaeyn.com
Más de 100 empresarios de Estados Unidos se han dado cita en Washington para lanzar un aviso de emergencia en el Capitolio y pedir ayuda a los congresistas ante las deportaciones masivas de la Administración de Donald Trump, que les está dejando sin mano de obra.
Los ejecutivos se reunirán con varios legisladores para pedirles por enésima vez que saquen adelante una reforma que facilite permisos de trabajo para los migrantes indocumentados, imprescindibles para la supervivencia de sus empresas y que ahora están dejando sus puestos vacíos, o bien por miedo a ser detenidos o bien porque ya lo han deportados, víctimas de la campaña antiinmigración ordenada por el presidente.
Bajo el título “Asegurar la mano de obra de América”, la misión, que dura tres días, ha sido organizada por The American Business Immigration Coalition (ABIC), una coalición bipartidista que aglutina a más de 1.700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales en 17 Estados.
La organización lleva meses alertando de las catastróficas consecuencias que las deportaciones de sus trabajadores están teniendo en sus negocios. “Gracias a su esfuerzo, los legisladores en Washington están oyendo nuestro mensaje alto y claro: La economía americana no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que impulsan las industrias como construcción, agricultura, hotelería, sanidad...” , afirma Rebecca Shi, CEO de ABIC.
Según los datos de la coalición, hay ocho millones de empleos sin cubrir en todo el país, lo que está “aumentando los precios en la economía, desde alimentación hasta materiales de construcción y limitando el acceso a productos diarios y servicios para los americanos”.
ABIC aboga por que el Congreso apruebe el proyecto de ley de la Dignidad (Dignity Act), presentado por la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, y la representante demócrata de Texas, Verónica Escobar.
La propuesta se ha presentado sin éxito tres veces en el Congreso. La última versión, introducida en julio, difiere de la presentada en 2023 en un importante punto: elimina el establecimiento de una vía hacia la ciudadanía. A cambio, ofrece un estatus de “dignidad”, un permiso para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Según la propuesta, para beneficiarse del permiso, los migrantes deben llevar más de cinco años en el país, no haber cometido ningún delito, y pagar una multa de US$7.000 por haber estado indocumentado. Además, como penalidad, el Gobierno se apropiará de un 1% de sus salarios durante un plazo de siete años.
El miedo a acudir al trabajo y ser detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las deportaciones ya realizadas han vaciado de trabajadores el campo, las fábricas y los servicios de muchos sectores.
Los centros de detención no se han ocupado con criminales peligrosos, como prometía Trump, sino con trabajadores que llevan muchos años construyendo una vida en el país.
La fuerza laboral de Estados Unidos se contrajo en julio por tres meses consecutivos, algo que no pasaba desde 2010. Los sectores más afectados son aquellos donde la mano de obra migrante predomina. El 51 % de los trabajadores de la industria láctea son migrantes, al igual que el 45 % de los trabajadores de envasado de productos cárnicos y el 29 % de la construcción.
Con información de El País
