Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Hace cinco años, El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. La aprobación de la Ley Bitcoin en junio de 2021 colocó al país en el centro del debate global sobre innovación financiera, pero también abrió un experimento económico cuyos resultados han sido mixtos en términos de adopción ciudadana, aunque significativos en materia regulatoria y atracción de inversiones.
La apuesta salvadoreña tuvo sus raíces antes de la legislación. En 2019, la comunidad costera de El Zonte impulsó el proyecto conocido como “Bitcoin Beach”, una economía circular basada en esta criptomoneda que permitió a comerciantes y residentes realizar transacciones digitales.
El éxito de esta experiencia sirvió como inspiración para la creación de la Ley Bitcoin, que buscaba ampliar el uso de los activos digitales a escala nacional.
Desde entonces, el país ha construido un marco regulatorio que va más allá del uso de bitcoin como medio de pago. En enero de 2023 entró en vigor la Ley de Emisión de Activos Digitales, una normativa que abrió la puerta a la tokenización de activos y a nuevas formas de financiamiento para empresas. Ese mismo año, Bitfinex Securities El Salvador obtuvo la primera licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales otorgada por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
Según el Informe de Inclusión en el Mercado de Bitfinex Securities para Latinoamérica, este proceso ha permitido que El Salvador se convierta en uno de los países con regulaciones más especializadas en activos digitales de la región.
“Lo que hemos visto en comunidades como El Zonte demuestra que la innovación financiera puede generar una actividad económica real. Esto ya no es solo una conversación sobre Bitcoin o criptomonedas; es una conversación sobre cómo atraer inversiones, crear oportunidades para las empresas y generar crecimiento económico”, afirmó Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex.
POCO USO DEL PÚBLICO SALVADOREÑO
Sin embargo, la adopción ciudadana de la criptomoneda no ha seguido el mismo ritmo que el desarrollo regulatorio. Datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas sumaron US$57,67 millones en 2025, una caída del 32,5 % respecto a los US$85,5 millones registrados en 2024. Además, estas operaciones representaron apenas el 0,57 % de los casi US$10.000 millones en remesas totales recibidas por el país.
A ello se suma que diversos estudios han señalado que más del 90 % de la población no incorporó el bitcoin como método de pago cotidiano. Esta realidad también se refleja en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de la firma Chainalysis. El Salvador ocupó el puesto 89 en 2021, descendió al 95 en 2023 y al 106 en 2024, aunque logró recuperarse hasta la posición 89 en el reporte de 2025.
La evolución del proyecto también ha estado marcada por cambios recientes. Como parte del acuerdo por US$1.400 millones alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, la Asamblea Legislativa eliminó la obligatoriedad del bitcoin como moneda de curso legal y redujo la participación estatal en su circulación.
Pese a ello, el Gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene su estrategia de acumulación de bitcoin y continúa promoviendo al país como un centro regional para la innovación financiera.
El Gobierno de El Salvador posee 7.643 bitcoins en su llamada reserva estratégica, tras la compra de aproximadamente 1.633 monedas digitales de este criptoactivo entre enero de 2025 y abril de 2026, con lo que la inversión económica del proyecto asciende a más de US$622,3 millones, según registros oficiales.