POR EFE
El Salvador suma más bitcoin a "su reserva estratégica" con una nueva compra en momentos de una escalada de los precios de la referida criptomoneda que superó los 118.000 dólares, un nuevo máximo histórico.
La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, publicó este jueves en X la nueva adquisición.
"El Salvador acaba de comprar más bitcoin", se señala.
De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador posee 6.241 bitcoines, esta cantidad alcanza en este momento un valor económico de más de 753,1 millones de dólares.
Las reservas de bitcoin de El Salvador alcanzaron el pasado 10 de julio los US$700 millones en medio de una escalada de los precios de la referida criptomoneda.
No obstante, el economista y expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) Carlos Acevedo consideró, según recientes declaraciones a la periodistas, que el alza del precio del bitcoin "no dinamizará la economía salvadoreña".
"La economía no va a dinamizarse porque el precio del bitcoin suba", opinó, pero señaló como "positivo" el efecto en las reservas del criptoactivo que el país centroamericano mantiene, porque "en caso de una emergencia sí es importante que El Salvador tenga como ese colchón".
El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele.
Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.
Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcoin y limitó el papel estatal en su uso y circulación.
No obstante, el Gobierno de Bukele ha seguido comprando bitcóin a pesar de que el FMI puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales en la compra.
