Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El proceso de consolidación fiscal impulsado por el Gobierno de El Salvador ha logrado resultados significativos durante los últimos dos años, reduciendo de manera importante el déficit fiscal y fortaleciendo las cuentas públicas. Sin embargo, un reciente análisis de Grupo EMFI advierte que las presiones fiscales no han desaparecido y que los principales desafíos podrían manifestarse con mayor intensidad a partir de 2027.
Según el informe, el déficit fiscal pasó de representar el 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a apenas el 0,5 % en 2025, acercando al Ejecutivo a su meta de alcanzar un “déficit cero”. Este ajuste fue posible gracias a un mayor dinamismo de los ingresos tributarios y, sobre todo, a una estricta política de contención del gasto corriente, especialmente en transferencias y consumo público.
El resultado permitió que el superávit primario —que excluye el pago de intereses de la deuda— alcanzara el 3,6 % del PIB en 2025, uno de los mejores registros fiscales de los últimos años. La mejora fue respaldada además por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha promovido medidas de disciplina presupuestaria.
No obstante, los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran señales de un cambio de tendencia. Aunque los ingresos fiscales se mantuvieron relativamente estables, el gasto total aumentó de forma considerable, impulsado principalmente por un incremento en el gasto de consumo.
Como consecuencia, el superávit primario cayó del 1,1 % al 0,2 % del PIB en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el balance fiscal pasó de un superávit de 0,2 % a un déficit de 0,8 %.
Ante este escenario, Grupo EMFI revisó sus perspectivas económicas para el país. La firma redujo su previsión de crecimiento económico para 2026 del 3,2 % al 3,0 % y elevó la estimación de inflación del 1,4 % al 2,4 %. Asimismo, aumentó su proyección de déficit fiscal para este año desde el 1,3 % hasta el 1,8 % del PIB.
Más allá de las fluctuaciones de corto plazo, el informe identifica al sistema de pensiones como el principal riesgo estructural para la sostenibilidad fiscal salvadoreña. La deuda asociada a las pensiones alcanzó el 30,6 % del PIB en 2025 y representa más de un tercio de la deuda total del sector público no financiero.
EMFI señala que la reforma previsional aprobada en 2022 otorgó un alivio temporal a las finanzas públicas mediante la postergación de ciertas obligaciones. Sin embargo, ese beneficio comenzará a revertirse a partir de 2027, cuando se reanuden gradualmente los pagos vinculados a dichos compromisos.
De cara a los próximos años, el organismo considera que El Salvador probablemente mantendrá indicadores fiscales relativamente sólidos. Sin embargo, advierte que el acercamiento del ciclo electoral entre 2027 y 2029 podría aumentar las presiones para expandir el gasto público.
En ese contexto, la sostenibilidad fiscal dependerá no solo de mantener la disciplina presupuestaria, sino también de avanzar en reformas estructurales, especialmente en materia de pensiones, para evitar que la actual consolidación fiscal se convierta únicamente en un aplazamiento de los problemas financieros de largo plazo.
