ANÁLISIS / Crimen organizado dejó de ser problema policial: ahora es desafío económico

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

La periodista que suscribe este artículo comenzó a transitar las redacciones periodísticas en la década de los 90, en el área que cubría las fuentes de Economía. Por entonces, y muy esporádicamente, el concepto "crimen organizado" comenzaba a sonar como un factor condicionante de la estabilidad política y económica.

La seguridad era tratada como un asunto reservado a policías, fiscales y jueces. Y así fue por varias décadas. La economía transitaba por otro carril. El crecimiento dependía de la inversión, la productividad, el comercio o la estabilidad macroeconómica.

Cuando hablábamos de globalización, pensábamos en empresas como Amazon, Maersk, DHL o Toyota. El gran desafío era integrarse a las cadenas globales de valor.

Treinta años después, los informes publicados esta semana por Naciones Unidas y Europol muestran que el crimen organizado también se globalizó.

Se globalizaron mercados ilícitos y esa separación entre crimen organizado y economía ya no existe. El crimen organizado dejó de ser únicamente un problema policial para convertirse en un desafío económico.

No porque hayan cambiado las ideologías. Cambiaron las dimensiones del fenómeno.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sostiene que el mercado mundial de las drogas nunca había alcanzado el tamaño actual.

En 2024, unos 331 millones de personas consumieron drogas, un 34% más que una década atrás. La producción de cocaína superó por primera vez las 4.000 toneladas y el mercado continúa expandiéndose hacia África y Asia, mientras aparecen cada año nuevas sustancias sintéticas capaces de eludir los controles tradicionales.

Estos datos describen mucho más que un problema sanitario.

Detrás de ese crecimiento emerge una economía ilícita con capacidad para mover miles de millones de dólares, desarrollar innovación logística, abrir nuevas rutas comerciales y adaptarse con rapidez a los cambios regulatorios. Las organizaciones criminales ya no operan únicamente desde territorios marginales: participan de cadenas internacionales cada vez más sofisticadas.

Quizá el dato más revelador proviene de Europol.

Según la agencia europea, el 85 % de las organizaciones criminales más peligrosas utiliza empresas legales para desarrollar parte de sus actividades o para ocultar sus ganancias.

La conclusión modifica el marco de análisis.

El desafío ya no consiste solamente en impedir que la droga cruce una frontera. También implica evitar que los recursos generados por esas economías ilícitas penetren el sistema financiero, el comercio, la logística, los puertos o sectores completos de la economía formal.

En otras palabras, el crimen organizado ya no solo disputa territorios: disputa mercados.

Sin dudas, los datos de Naciones Unidas y Europol permiten observar un cambio mucho más profundo que el crecimiento del narcotráfico. Lo que está evolucionando no es solo el volumen del negocio, sino su forma de organización.

Este es un punto central porque el análisis del tema no se puede quedar en la órbita de las historias policiales o derivar a las arenas de disputas ideológicas.

Aquí el punto es entender de qué lado se decide caminar cuando las organizaciones criminales ya no operan únicamente como estructuras clandestinas dedicadas al tráfico de drogas. Hoy administran cadenas logísticas internacionales, diversifican mercados, innovan para sortear controles regulatorios, utilizan tecnología, manejan sofisticados mecanismos financieros y, cada vez con mayor frecuencia, se apoyan en empresas legalmente constituidas para ocultar capitales o facilitar sus operaciones.

En otras palabras, adoptan la lógica de una corporación global.

Toda empresa necesita instituciones que funcionen. Necesita contratos que se cumplan, tribunales que resuelvan disputas, bancos confiables, puertos seguros, infraestructura eficiente y reglas previsibles para invertir.

Paradójicamente, las organizaciones criminales necesitan exactamente esas mismas infraestructuras. También utilizan bancos, empresas de transporte, operadores logísticos, comercio internacional, tecnología y redes financieras. La diferencia es que buscan capturarlas o infiltrarlas para ponerlas al servicio de un mercado ilícito.

Esa convergencia explica por qué el combate al crimen organizado dejó de ser una cuestión exclusivamente policial.

Lo que está en juego no es únicamente la reducción de los índices de violencia. También es la capacidad del Estado para preservar la integridad de las instituciones sobre las que funciona la economía formal.

Cuando esa frontera comienza a diluirse, la inversión pierde previsibilidad, aumentan los costos de hacer negocios, se deteriora la confianza institucional y se debilita uno de los principales activos que necesita cualquier país para desarrollarse: el Estado de derecho.

Durante décadas, las empresas analizaron variables como estabilidad macroeconómica, presión tributaria, calidad del capital humano o infraestructura antes de decidir dónde invertir.

Hoy esa ecuación incorpora otra dimensión: la capacidad de un Estado para contener la expansión del crimen organizado empieza a convertirse en un indicador de competitividad.

No porque la seguridad sustituya a la política económica, sino porque constituye una condición para que el resto de las políticas pueda generar resultados sostenibles.

En este contexto, resulta más comprensible por qué numerosos gobiernos, con orientaciones ideológicas diferentes y estrategias diversas, han colocado la lucha contra el crimen organizado entre sus prioridades.

La discusión sobre los instrumentos seguirá abierta. Lo que parece cada vez menos discutible es el diagnóstico: economías criminales de escala global requieren instituciones capaces de impedir que esa capacidad económica termine condicionando el funcionamiento de los mercados y de la democracia.