Por Norma Lezcano. Revistaeyn.com
La permanencia de Panamá en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea no es nueva. Lo que sí es nuevo es la respuesta del gobierno panameño.
En las últimas horas, el presidente José Raúl Mulino transformó un expediente técnico —la actualización semestral del listado fiscal europeo— en el punto más delicado de su agenda de política exterior. Lo hizo moviendo una pieza inesperada: restringir la participación de empresas europeas en licitaciones públicas del Estado panameño.
En círculos empresariales ya se habla de una incipiente “Doctrina Mulino”: diplomacia transaccional, respuesta espejo y cálculo estratégico sobre costos reputacionales y económicos.
La cuestión no es si la medida es simbólica, sino qué revela sobre la nueva lógica internacional de Panamá.
De expediente técnico a decisión política
El 17 de febrero de 2026, el Consejo de la Unión Europea decidió mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperantes. El mecanismo comunitario se sustenta en tres pilares: transparencia fiscal, imposición justa y medidas contra la erosión de bases imponibles (BEPS).
Bruselas sostiene que Panamá ha avanzado, pero de forma insuficiente. Las observaciones se centran en el diseño y la aplicación efectiva de su régimen fiscal, en particular en la exención de rentas de fuente extranjera y su compatibilidad con el estándar europeo de “fair taxation”.
Para la UE, el listado es un instrumento de convergencia regulatoria.Para Panamá, es una etiqueta que impacta reputación y encarece transacciones financieras.
Mulino dejó de tratar el tema como un trámite administrativo y lo elevó al plano de la diplomacia económica.
La lógica del contraataque
La restricción a empresas europeas en contrataciones públicas no busca cerrar la economía panameña al capital europeo. Busca introducir un costo político y económico a la decisión comunitaria.
Panamá es un mercado pequeño en términos absolutos, pero estratégico en infraestructura, logística y servicios. Proyectos de transporte, agua, energía y concesiones han atraído históricamente a consorcios europeos.
Al limitar su acceso, el Ejecutivo envía dos mensajes:
1.Hacia Bruselas: el costo no será unilateral.
2.Hacia el ámbito interno: el Gobierno no aceptará pasivamente decisiones que considera discriminatorias.
Es diplomacia de tablero, no de comunicado.
El costo para Panamá
Permanecer en el listado europeo no implica sanciones automáticas, pero sí genera fricciones. Estas se manifiestan en cuatro planos:
-Mayor escrutinio de compliance y debida diligencia para bancos y corporaciones.
-Incremento en costos administrativos de estructuración financiera.
-Activación de medidas fiscales defensivas en algunos Estados miembros.
-Desvío marginal de operaciones hacia jurisdicciones con menor carga reputacional.
Panamá ha celebrado avances recientes en materia de prevención de lavado y cooperación internacional. Sin embargo, la etiqueta fiscal europea mantiene la percepción de “riesgo regulatorio”, especialmente en mercados de capital.
El impacto no siempre es cuantificable en pérdidas directas; se traduce en tiempo, complejidad y percepción.
El costo para Europa
La respuesta panameña introduce un riesgo distinto: pérdida de acceso a un mercado de contratación pública que, aunque no sea masivo en términos globales, sí es relevante estratégicamente.
Constructoras, ingenierías y consultoras europeas podrían quedar desplazadas frente a competidores de Asia o América Latina en proyectos de infraestructura.
Más relevante aún es el precedente: si otros países interpretan el listado como una herramienta política, podrían replicar medidas espejo.
En un entorno global donde las cadenas de suministro se regionalizan y la competencia por inversión se intensifica, las señales pesan.
La "Doctrina Mulino"
La administración Mulino parece adoptar una lógica distinta a la de gobiernos anteriores: no limitarse a esperar la revisión técnica, sino introducir reciprocidad explícita en la ecuación. No es confrontación ideológica. Es negociación.
Sin embargo, el tablero tiene límites. Si el movimiento no se acompaña de reformas verificables antes de la revisión de octubre, el gesto podría derivar en un ciclo prolongado de fricción.
Tres rutas hacia octubre
La próxima revisión abre tres escenarios:
1.Salida técnica. Panamá implementa ajustes que satisfacen al grupo técnico europeo y logra ser excluido. El veto se desactiva y el episodio se convierte en una demostración de firmeza exitosa.
2.Continuidad con presión selectiva. Persisten observaciones, pero la retorsión se modula. Panamá mantiene instrumentos de presión sin cerrar el diálogo.
3.Escalada política. Si la tensión se prolonga, el clima de inversión podría resentirse, afectando tanto a flujos europeos como a la percepción global de estabilidad regulatoria.
El verdadero tablero
Más allá del episodio puntual, la pregunta estratégica es: ¿puede Panamá consolidarse como hub financiero y logístico global sin alinearse plenamente con los estándares fiscales europeos?
La administración Mulino parece apostar a que puede negociar desde una posición más activa. El movimiento no es improvisado. Es cálculo.
Pero en el ajedrez geoeconómico, cada jugada expone vulnerabilidades. La revisión de octubre será menos un examen técnico y más una prueba de equilibrio político.
La incógnita es si esta estrategia conducirá a una salida negociada o si marcará el inicio de una diplomacia panameña menos reactiva, más transaccional y dispuesta a utilizar el mercado interno como herramienta de negociación.
La llamada “Doctrina Mulino” comienza a madurar —y con ella, una redefinición del posicionamiento internacional de Panamá.
Análisis de E&N, con información de: Consejo de la Unión Europea, Europa Press, EFE, KPMG
