Por revistaeyn.com
El Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala, fue ayer escenario de una conversación que trasciende la agenda técnica institucional de los países de la región.
Mientras el país deja atrás el Estado de Sitio y entra en un Estado de Prevención, tras un intento de desestabilización atribuido a estructuras del crimen organizado, el Gobierno de Bernardo Arévalo inauguró el Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática y Gobernanza Territorial (Glased).
No es un dato menor. Guatemala discute seguridad y democracia en un momento en que ambas han sido puestas a prueba.
El foro reúne a líderes políticos, autoridades locales, expertos internacionales y representantes de sociedad civil bajo una premisa explícita: la región necesita enfrentar al crimen organizado sin erosionar el Estado de derecho.
La frase que marcó el tono fue del propio presidente Arévalo: “El reto de nuestro tiempo es dotar a los Estados democráticos de herramientas de seguridad que sirvan a los fundamentos democráticos y protejan efectivamente a la población”.
Seguridad sin atajos autoritarios
En un país con memoria reciente de instituciones cooptadas y con un aparato de impunidad que durante años penetró estructuras de justicia y seguridad, la discusión no es abstracta. Es política.
Arévalo insistió en que la seguridad no puede convertirse en una excusa para debilitar la democracia. “Una política de seguridad autoritaria no construye democracia porque viola derechos”, subrayó. La apuesta del Ejecutivo es otra: reformas judiciales, fortalecimiento de capacidades investigativas y profesionalización policial.
El dato que el Gobierno pone sobre la mesa es contundente: la tasa de homicidios en Guatemala ha bajado de 46.4 por cada 100 mil habitantes en 2009 a 17.3 en 2025. Para la administración actual, esa tendencia demuestra que es posible reducir violencia sin desmontar garantías democráticas, siempre que exista disciplina institucional, transparencia y control interno.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, complementó la visión presidencial con dos ejes rectores: “seguridad democrática con resultados medibles” y “orden con ley”. En otras palabras, eficacia sin arbitrariedad.
Recuperar el territorio, recuperar la confianza
Uno de los conceptos que atraviesa el foro es el de gobernanza territorial. No se trata solo de combatir estructuras criminales, sino de recuperar el control legítimo del territorio y fortalecer la presencia del Estado donde antes predominaban redes ilícitas.
El control penitenciario —tema sensible en Centroamérica— fue señalado como condición básica para reducir la violencia. La premisa es clara: las cárceles no pueden ser centros de operación criminal ni espacios de privilegio.
El foro también discute cooperación internacional. Pero el énfasis no está en la dependencia, sino en la coordinación medible y basada en evidencia. La seguridad democrática, insisten los organizadores, debe ser verificable y sostenible en el tiempo.
Una conversación regional
El encuentro no se limita a Guatemala. La participación del director de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC), Mark Shaw, y la designación del expresidente costarricense Carlos Alvarado como presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe de Seguridad y Democracia (Glacsed) dan al evento un carácter regional.
Alvarado resumió el espíritu del debate: “La seguridad y la democracia no son objetivos contrapuestos; ambos son necesarios y complementarios”. La nueva plataforma regional busca articular respuestas contra el crimen organizado desde un enfoque democrático, con cooperación multinivel y políticas públicas sustentadas en evidencia.
En un continente donde la tentación autoritaria suele reaparecer cuando la violencia escala, la discusión no es menor. América Latina enfrenta el dilema de fortalecer capacidades estatales sin reproducir modelos que erosionen derechos.
Guatemala como laboratorio democrático
El lanzamiento del foro ocurre en un momento simbólico para el país. El tránsito del Estado de Sitio al Estado de Prevención refleja una transición desde medidas excepcionales hacia un esquema de control más acotado y legalmente regulado.
En el trasfondo está la reciente confrontación del Ejecutivo con estructuras criminales que intentaron desestabilizar el orden institucional. El mensaje político del foro es que la respuesta no será una regresión autoritaria, sino una reafirmación democrática.
El Glased concluirá con la consolidación de una Hoja de Ruta Territorial 2026, que pretende articular buenas prácticas, innovación local, prevención de la violencia y fortalecimiento institucional en la región.
Pero más allá de los documentos finales, el significado del foro es otro: en un momento de tensión institucional, Guatemala eligió debatir seguridad en clave democrática y regional.
En tiempos donde el crimen organizado desafía fronteras y la confianza ciudadana en las instituciones es frágil, el verdadero desafío no es solo reducir homicidios, sino demostrar que el orden puede construirse con ley y legitimidad.
