Por Agencia EFE
El Salvador continuará bajo el polémico régimen de excepción, una medida implementada para combatir a las pandillas que suspende garantías constitucionales y ha sido señalada por presuntas violaciones a los derechos humanos, tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una nueva prórroga por 30 días.
Es la prórroga número 50 aprobada sucesivamente por el Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), y amplía la medida hasta el 30 de mayo del presente año.
"La aplicación del régimen de excepción ha posibilitado un bienestar a la población y al desarrollo del país" con la "recuperación de espacios públicos y del control territorial", por lo que "es indispensable prorrogar el régimen de excepción para dar continuidad a la acción estatal firme y sostenida", dice el decreto legislativo aprobado con 57 votos de 60 diputados.
Esta medida excepcional fue aprobada en marzo de 2022, tras una escalada de asesinatos, y en más de cuatro años de vigencia ha dejado 91.990 detenciones, más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, y se estima que más de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado.
Inédito megajuicio
Esta prórroga del régimen de excepción sucede unos días después de que se iniciara una inédita audiencia abierta masiva en la que se juzga a más de 400 pandilleros recluidos en diferentes cárceles de El Salvador, entre estas el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel emblema de la "guerra" de Nayib Bukele contra estas bandas.
Entre los procesados en la audiencia masiva, que comenzó el pasado 20 de abril, se encuentran 22 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS13), acusados por diversos delitos, como los 86 asesinatos que dieron pie a finales de marzo de 2022 a la implementación del régimen de excepción.
A estas 22 personas también se les atribuye la muerte de 80 policías y "más de 47.000 crímenes" entre 2012 y 2022.
Este tipo de juicios han sido denunciados por organizaciones sociales por atacar los derechos humanos de los procesados.
El régimen de excepción, que es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, continúa siendo ampliada a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos a poner fin a su implementación.
La organización Human Rights Watch (HRW) expuso recientemente que las autoridades de El Salvador deben "poner fin" al régimen de excepción y señaló que se "debe poner fin al estado de emergencia y garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos".
Según un informe Amnistía Internacional (AI), El Salvador consolidó en 2025 un "modelo represivo" bajo la extensión del régimen, continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas".
El régimen de excepción cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad, aseguraran que ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de maras y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
