Por revistaeyn.com
Con el arranque de una nueva administración gubernamental en Costa Rica en el horizonte, la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) puso sobre la mesa un conjunto de propuestas concretas que, a su juicio, pueden ejecutarse de inmediato durante los primeros 100 días de gobierno.
El énfasis del planteamiento está en seguridad, educación y política social, con un enfoque práctico: ordenar lo que ya existe, mejorar la coordinación institucional y generar resultados visibles sin requerir nuevos recursos presupuestarios.
El documento surge del trabajo técnico de las distintas escuelas de la universidad, cuyos especialistas coinciden en que el inicio de una gestión gubernamental ofrece una oportunidad real para corregir rumbos y estabilizar la acción pública. Más que grandes reformas, el llamado es a ejercer liderazgo técnico, claridad en la toma de decisiones y una mejor articulación entre instituciones.
La rectora de ULICORI, Laura Ramírez Saborío, subrayó que los primeros meses de gobierno suelen definir el tono de toda la administración. A su criterio, muchas de las urgencias que enfrenta Costa Rica no dependen de mayores inversiones, sino de voluntad política y capacidad de coordinación. Actuar desde el primer día, advirtió, puede evitar que se profundicen las brechas educativas, laborales y territoriales que afectan a amplios sectores de la población.
Desde Trabajo Social, el diagnóstico apunta a la necesidad de unificar protocolos entre las instituciones del área social de Costa Rica. La falta de criterios comunes provoca atrasos, duplicidades y, en muchos casos, que familias en condición de vulnerabilidad no reciban atención oportuna. Fortalecer la coordinación territorial permitiría respuestas más integrales y ágiles en las comunidades.
En el campo de la Administración, ULICORI propone simplificar la gestión pública mediante la homologación de lineamientos, la estandarización de procesos clave y la depuración de cargas administrativas. También sugiere activar sistemas básicos de seguimiento y reportes operativos que refuercen la rendición de cuentas, todo ello sin aumentar el gasto público.
La Escuela de Criminología centra su atención en la seguridad ciudadana, con especial énfasis en la niñez y adolescencia. Entre las medidas planteadas destaca la creación, vía decreto, de un equipo técnico interinstitucional que revise protocolos de atención a menores y refuerce el trabajo conjunto entre entidades con el objetivo de prevenir riesgos y mejorar la respuesta en casos complejos.
En educación básica, la universidad aboga por elevar la rigurosidad en la formación docente, actualizar los enfoques curriculares y reforzar áreas clave como lectoescritura y matemáticas. También propone mejorar las evaluaciones diagnósticas, impulsar la orientación vocacional desde edades tempranas y promover modelos STEAM acordes con las demandas actuales del país.
Otras áreas, como la Enseñanza de la Música y los Registros Médicos, coinciden en la urgencia de actualizar lineamientos, ordenar contenidos y unificar criterios técnicos. En el ámbito de la salud, por ejemplo, estandarizar el manejo de expedientes permitiría reducir tiempos de respuesta y aliviar la carga administrativa del personal.
