Por revistaeyn.com
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) formalizó su oposición al ajuste tarifario que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) pretende aplicar a los servicios de estiba, desestiba, carga y descarga en las terminales portuarias de Limón y Moín, administradas por JAPDEVA. La organización empresarial considera que el estudio que respalda el incremento carece del rigor técnico necesario y podría generar aumentos desproporcionados en costos logísticos clave para el aparato productivo.
Según la CICR, el informe preliminar elaborado por ARESEP presenta vacíos metodológicos y omisiones de información que impiden garantizar que las nuevas tarifas se apeguen al principio de servicio al costo establecido en la Ley 7593.
Uno de los principales señalamientos radica en la ausencia de una contabilidad de costos desagregada por servicio, un requisito instruido desde 2015 y que, a criterio del sector industrial, resulta indispensable para distinguir entre gastos estrictamente necesarios y aquellos que no deberían trasladarse al usuario.
La Cámara también cuestiona que ARESEP base su análisis únicamente en datos correspondientes al año 2024 y utilice “horas-hombre” como variable sustitutiva de productividad, una metodología que —afirman— no permite evaluar la verdadera eficiencia operativa. A esto se suma la mezcla de información de empresas estibadoras con realidades completamente distintas en estructura, volumen y costos, lo que para la CICR conduce a promedios que distorsionan la naturaleza del servicio.
Otro punto crítico es el volumen de los aumentos planteados. Algunas tarifas, según el gremio, superarían el 100 % sin que se haya realizado un examen del impacto en la competitividad del país, la operación de las cadenas logísticas o los costos finales para las industrias.
El sector industrial también objeta que el margen de rentabilidad del 15 % aplicado por ARESEP provenga de un estudio de 1998, sin actualización a las condiciones económicas actuales ni respaldo en metodologías regulatorias vigentes.
La preocupación empresarial es que un incremento de esta magnitud —impulsado de oficio, sin solicitud de las compañías concesionarias— afectaría directamente a exportadores, manufactura y actividades que dependen del flujo constante de mercancías por los puertos del Caribe. En un entorno global altamente competitivo, advierten, Costa Rica no puede permitirse encarecer funciones portuarias esenciales sin estudios completos y confiables.
En su oposición, la CICR solicita exigir la implementación plena de la contabilidad de costos, incorporar análisis de productividad y eficiencia, actualizar los modelos de rentabilidad y realizar un estudio de impacto económico que garantice equilibrio entre operadores y usuarios.
“El país necesita servicios portuarios modernos, eficientes y con tarifas sustentadas en información verificable”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara, al reiterar que el sector industrial defenderá condiciones regulatorias que protejan la competitividad nacional.
