Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El proceso electoral hondureño que culminó con la investidura de Nasry Asfura el 27 de enero estuvo precedido por un periodo de elevada tensión política y social, impulsado por un resultado electoral limitado, acusaciones de fraude y llamamientos a ignorar los resultados.
La confirmación oficial del resultado y una investidura sobria y sin incidentes pusieron fin al tenso ciclo electoral. La ceremonia, deliberadamente austera, señaló una temprana prudencia fiscal y contención del gasto, ya que Asfura inicia su mandato 2026–2030 en un entorno político fragmentado, con el partido gobernante en minoría en el Congreso Nacional y margen limitado para una expansión presupuestaria.
El gobernante Partido Nacional posee solo 48 de los 128 escaños, muy por debajo del umbral de 65 requerido para una mayoría simple, lo que hace que las alianzas legislativas sean esenciales para avanzar en reformas estructurales.
Un reporte de de Grupo EMFI apunta que "el principal desafío para el gobierno del presidente Asfura será profundizar y acelerar la agenda de reformas bajo el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un entorno legislativo estructuralmente restringido".
En este contexto, el Partido Liberal, con 44 escaños, emerge como el actor clave. Una alineación Nacional-Liberal proporcionaría 92 votos, suficientes incluso para mayorías calificadas, permitiendo la aprobación de reformas en áreas críticas como el sector eléctrico, la gobernanza fiscal y el fortalecimiento institucional.
Es importante destacar que el líder del Partido Liberal, Salvador Nasralla, expresó su apoyo al acuerdo con el FMI durante su campaña, aumentando la probabilidad de cooperación selectiva. Sin embargo, en ausencia de tal alineación, el gobierno de Asfura se "enfrentaría a un bloqueo legislativo estructural, lo que limitaría significativamente su capacidad para avanzar en reformas y podría afectar el ritmo de implementación de los programas del FMI", señala EMFI.
DESEMBOLSO DEL FMI
El Programa del FMI entra en una nueva fase con la visita oficial de una misión programada para febrero de 2026, cuyo objetivo será evaluar el cumplimiento de los objetivos y discutir financiación adicional y asistencia técnica con la nueva administración. La visita marca la normalización del programa tras el ciclo electoral, durante el cual el Fondo suspendió el siguiente desembolso equivalente a US$120 millones debido a precaución política, más que por deterioro macroeconómico.
La evidencia más reciente sugiere que Honduras probablemente cumplirá los principales criterios cuantitativos a diciembre de 2025. En el ámbito fiscal, el balance del sector público no financiero muestra un superávit acumulado de 0,8 % del PIB a octubre, coherente con el mínimo del programa y suficiente para cumplir con el objetivo anual, que permite un déficit de hasta el 1,5 % del PIB bajo un escenario base.
"El foco del incumplimiento sigue siendo el gasto social prioritario, cuya ejecución sigue cayendo por debajo de los suelos establecidos", reflejando limitaciones de ejecución más que presiones fiscales agregadas. Asimismo, el sector eléctrico "sigue representando un riesgo estructural", ya que las pérdidas de distribución de ENEE siguen por encima del objetivo revisado, lo que confirma la persistencia de las responsabilidades contingentes.
Externamente, la cercanía política con el presidente estadounidense, Donald Trump, "podría traducirse en oportunidades comerciales positivas" ante la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos que reduzca o elimine los aranceles sobre productos hondureños.
Si se finaliza, este tipo de acuerdo "sería clave para mejorar la competitividad exportadora de Honduras y atraer inversión durante los primeros años de la nueva administración", ya que el arancel del 10 % impuesto tras el "Día de la Liberación" podría haber afectado a sectores exportadores clave.
"Seguimos siendo positivos respecto a las perspectivas macrofiscales y financieras de Honduras; sin embargo, las limitaciones estructurales (gasto actual rígido, bajo PIB per cápita, altos niveles de pobreza, dependencia de las remesas y debilidades institucionales) siguen aumentando el tope en la calificación", agrega EMFI.
