Por revistaeyn.com
Tras varios hechos de violencia registrados en Guatemala, la noche del 18 de enero de 2026, el presidente Bernardo Arévalo, anunció que decretó el estado de sitio en todo el país por un plazo de 30 días.
"He decidido decretar estado de sitio ... para garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos y permite usar toda la fuerza del Estado para actuar contra las pandillas y las maras", dijo Arévalo en cadena nacional.
Este estado busca combatir a las pandillas que se amotinaron en las cárceles y atacaron a varios agentes de la Policía Nacional Civil, durante el fin de semana.
Este lunes 19 de enero de 2026, las clases presenciales están suspendidas y algunas empresas o instituciones han decidido establecer el teletrabajo.
¿QUÉ ES EL ESTADO DE SITIO?
El estado de sitio es una medida excepcional que puede declarar el Ejecutivo (Presidencia) cuando se presentan actos de terrorismo, rebelión, sedición o ataques armados que amenacen el orden constitucional o la seguridad del Estado.
El presidente de la República asume el control a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en su calidad de comandante general del Ejército.
Forma parte de los llamados regímenes de excepción, que permiten al Estado limitar temporalmente ciertos derechos para responder a una emergencia grave.
También se aplica cuando existan indicios fundados de que podrían producirse hechos como sabotajes, secuestros, incendios, asesinatos o atentados contra autoridades civiles o militares.
En estos casos, según la Constitución, tales actos pueden considerarse guerra civil.
Durante su aplicación, las instituciones del Estado están obligadas a colaborar con la autoridad militar, dentro del ámbito de su competencia.
¿QUÉ IMPLICA EL ESTADO DE SITIO PARA LOS CIUDADANOS?
El Estado de Sitio permite a las autoridades intervenir o disolver cualquier organización o entidad —con o sin personalidad jurídica— sin previo aviso.
También, puede detener o confinar personas sin orden judicial, si son sospechosas de conspirar contra el gobierno o de alterar el orden público, o si pertenecen a grupos señalados por la Constitución como peligrosos.
Y, se puede reprimir acciones que violen el orden, usando medios preventivos, defensivos u ofensivos, según las circunstancias.
También, se restringen los derechos constitucionales indicados en los Artículos 5, 6, 33 y los del segundo párrafo del Artículo 38.
Artículo 5.- Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.
Artículo 6.- Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Lo s detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.
Artículo 33.- Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.
Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.
Artículo 38.- Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por el juez competente.
Se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley.
Guatemala ya había vivido un estado de sitio. Jimmy Morales lo decretó en septiembre de 2019, en 22 municipios de Izabal, Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Morales tomó la decisión después del asesinato de tres soldados del Ejército, en un enfrentamiento atribuido a narcotraficantes.
¿POR QUÉ ESCALÓ VIOLENCIA EN GUATEMALA?
El conflicto entre las pandillas y el Gobierno de Arévalo de León empezó de manera frontal en julio pasado con el asesinato de siete personas que velaban en una funeraria, en el centro de la Ciudad de Guatemala, a un presunto pandillero de la estructura criminal denominada "Mara Salvatrucha".
El ataque, perpetrado presuntamente por varios sicarios de la pandilla enemiga, "Barrio 18", provocó que el Gobierno de Arévalo de León ordenara el traslado de sus líderes a una cárcel de alta seguridad, denominada 'Renovación 1', ya que la matanza supuestamente fue organizada desde la prisión en las que se encontraban originalmente.
Dicho traslado significó el cese de comodidades para los líderes de las pandillas, entre ellos Aldo Ochoa, uno de los cabecillas de la estructura "Barrio 18", sentenciado a al menos 80 años de prisión por asesinato, entre otros delitos.
Ochoa, conocido como El Lobo, y sus lugartenientes en las pandillas han reinado en las Administraciones anteriores desde varias cárceles donde, según las autoridades, ordenan asesinatos, manejan extorsiones millonarias a comerciantes y viven en condiciones mejores que la población, con acceso a lujos.
Justamente uno de los motivos por los cuáles Ochoa organizó uno de los motines de este fin de semana en 'Renovación I' obedece a la falta de acceso a aire acondicionado, a comida a domicilio y a una cama grande, de acuerdo al Ministerio de Gobernación (Interior).
Para algunos expertos en el tema, los amotinamientos y asesinatos de policías buscan crear caos en un año trascendental para la lucha contra la corrupción, ya que en mayo próximo se reemplazará a la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Los reos involucrados en los motines han solicitado a la población una sublevación en contra del presidente Arévalo, sobre quien recaerá la decisión de nombrar al sustituto de Porras en mayo próximo, mientras algunos operadores políticos también sancionados por EEUU han secundado las voces de los pandilleros.
El mismo Arévalo dijo que se sabe "quienes están detrás" de los ataques: "Grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras", que "resisten y buscan infundir terror" porque "este año Guatemala recuperará su sistema de justicia", en referencia al cambio de fiscal general programado para mayo, además de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.
*Con información de EFE / Prensa Libre / Ministerio de Gobernación
